La cantidad de anticonceptivos y preservativos distribuidos por el Gobierno disminuyó en los últimos dos años, con una caída fuerte en 2016 y una recuperación en 2017, pero que no llega a los números del 2015.  

En el país, el 59% de los embarazos no son intencionales, una proporción que sube al 68% entre menores de 19 años, de acuerdo con datos que presentó el Gobierno en 2017 en el Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo no Intencional en la Adolescencia, diseñado justamente para reducir esta proporción.

Dado que entre las adolescentes el 43% declaran acceder a los métodos anticonceptivos de manera gratuita, la provisión del Estado es fundamental.

Es el Estado nacional el que compra y reparte anticonceptivos a las provincias, y luego estas pueden complementarlo con compras propias, según una ley de 2002. Pero para que se puedan repartir anticonceptivos primero hay que comprarlos, algo que no se hace en tiempo y forma por parte del Gobierno de Mauricio Macri.

En 2016, el entonces Ministerio de Salud repartió solo el 27% de los tratamientos de anticonceptivos hormonales (en su mayoría, pastillas) que se había propuesto, con lo que el organismo estima que cubrió al 37% de la población que lo necesita, "una fuerte baja con respecto a 2015, cuando la cobertura fue del 82%", según reconoce Salud en las cuentas de inversión, un documento de evaluación de la ejecución presupuestaria. En 2015 se habían distribuido más de 11 millones de tratamientos.

Los inconvenientes que tiene el ministerio para comprar los insumos afectan directamente a las mujeres más pobres, que dependen de la provisión gratuita del Estado para asegurarse métodos anticonceptivos.

En 2016, las explicaciones por parte de la que por entonces era el ministerio de Salud es que la culpa fue por un problema de licitación del 2015,en el gobierno anterior. Pero en 2017 dieron  la misma excusa "demoras de diversa índole que afectaron los procesos de adquisición durante 2017", explicó Adolfo Rubinstein a través de la cartera a su cargo. 

Los atrasos en las licitaciones implicaron que, en algunos casos, se hicieran compras directas por urgencia a precios más caros. Es el caso, por ejemplo, de las pastillas anticonceptivas que en octubre de 2016 se adquirieron de urgencia a $13,5 el paquete, mientras que en la licitación, que se adjudicó en diciembre de ese año, se pagaron a $10,85, un 20% más baratas. Es solo un ejemplo de cómo los problemas de planificación pueden aumentar los costos para el Estado.

"Muchas veces, cuando las mujeres van a pedir métodos anticonceptivos, tienen que aceptar lo que hay, según cuáles sean las opciones disponibles, en lugar de tener la posibilidad de buscar el tipo de anticoncepción que más les conviene", explicó Marisa Matía la excoordinadora del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia de Buenos Aires a La Nación. Matía agregó que es común que las mujeres compren de su bolsillo los medicamentos si quieren mantener el tratamiento.

La situación con los preservativos es similar. Entre los diferentes programas del Ministerio de Salud que entregan preservativos, en 2016 se repartió solo el 20% de lo previsto, 18,4 de los 93,7 millones. En 2017 se esperaban entregar 113 millones, de los cuales se distribuyeron 42,7 millones, un número mucho mayor que el de 2016, pero todavía bajo, si se considera que equivale al 42% de lo previsto. Las cantidades distribuidas en años anteriores varían, pero en 2015 se habían repartido 52 millones de preservativos.

En los casos en que las provincias compran para complementar las entregas de Nación puede haber diferencias de precios importantes. En 2016 y 2017, la Ciudad de Buenos Aires compró preservativos a un promedio de $2,54 por unidad, el doble del precio promedio de Nación ($1,45). La diferencia en los volúmenes de compra influye en los precios; mientras que la Ciudad compró 25 millones de preservativos en esos dos años, Nación compró 114 millones.

Fuente: proyecto A Qué Precio , un observatorio creado por Chequeado, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y LN Data , junto a la firma Altec, para monitorear las compras públicas en Salud entre distintos organismos públicos.