La Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) realizó un relevamiento para medir la violencia institucional sufrida por este colectivo en manos de las fuerzas de seguridad y los números son alarmantes.

Georgina Orellano, Secretaria General Ammar Nacional, habló respecto a estos resultados y sostuvo que "En los últimos dos años hubo un aumento de la violencia institucional". Junto a otras dos trabajadoras sexuales Sofía Escudero y Sofía Tramayzagues, hablaron sobre la importancia de que la recolección de los datos haya estado a cargo de trabajadoras sexuales.

Según las víctimas, las fuerzas de seguridad las requisa, les solicita documento nacional de identidad, o les pide que "circulen" y no se queden detenidas en las esquinas. Del total de las trabajadoras sexuales, un 90% admitió haber sufrido algún tipo de violencia por parte de las fuerzas de seguridad durante el último año.

"La información que se desprende de este relevamiento es fundamental porque se trata de detenciones o demoras que no quedan registradas en el sistema de administración de justicia. Detenciones totalmente ilegales", sostiene el comunicado de Ammar.

Los números clave:

El total de trabajadoras sexuales encuestadas fue de 363 de las cuales un 90% fueron trabajadoras de la modalidad "calle", las restantes se distribuyen entre modalidad departamento privado, bares y boliches. Las encuestas se hicieron principalmente en los barrios de Once, Flores, y Constitución.

Un 80% del total de las encuestadas dijeron haber sido detenidas/demoradas por las fuerzas de seguridad durante 2016. Este porcentaje representa 276 mujeres, lesbianas, travestis y trans trabajadoras sexuales que sufrieron demoras arbitrarias, de las cuales ninguna tuvo una causa judicial posterior.

El 46% de las trabajadoras sexuales detenidas sufrió la detención mientras estaba trabajando en la calle, o en la esquina, mientras que un 35% de este grupo fue requisada en el marco de estas demoras. 

Casi un 50% de las demoras fueron por averiguación de antecedentes. Las detenciones en un 50% son de entre 12 y 48 hs. Las demoras complican la cotidianeidad de trabajo y de vida de las mujeres trabajadoras sexuales.

Un 60% de las trabajadoras sexuales fueron amenazadas verbalmente por las fuerzas de seguridad al ser interrogadas, el 58% fueron increpadas con la solicitud de sobornos para no ser trasladadas o que se les labre un acta contravencional. Un 73% declaró haber sido tratadas con un lenguaje inapropiado, lo cual implica referencias a su condición laboral o de género a modo de estigma. Y un 70% fueron tratadas de "putas" de modo despectivo, utilizando este término como condición de discriminación.

Las trabajadoras sexuales migrantes, que representan un 41% de las encuestadas, denuncian persecución y acoso con agresiones verbales, xenófobas y racistas por parte de la policía.

El 33% de las trabajadoras sexuales encuestadas no supera los estudios primarios, y si a ello le sumamos aquellas que no completaron el secundario estamos hablando de un 60% de la muestra. 

Desde AMMAR crearon dos herramientas para contrarrestar la violencia institucional. Una es la PUTYSEÑAL, un aplicacción que es abierta al público y que prevé desde manuales de procedimiento ante situaciones de acoso y violencia por parte de las fuerzas de seguridad hasta un botón de alerta a un grupo de abogadxs militantes.

Y como segunda arma está la Línea Roja, una línea telefónica gratuita de denuncia de situaciones de violencia institucional por parte de la policía. Durante el período que va de septiembre de 2015 y a septiembre de 2016 se recibieron 47 denuncias, de las cuales el 81% fue por violencia institucional y el 19% restante, por vulneraciones de derechos en general.