Las intervenciones telefónicas ordenadas por la jueza Wilma López dejaron ver que el secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, mantuvo comunicaciones con el abogado y ex secretario de la mencionada Cámara, Octavio Aráoz de Lamadrid; con el ex agente de inteligencia, Juan José Riquelme, y con el vicepresidente de Belgrano Cargas S.A. y contador de la Unión Ferroviaria, Ángel Stafforini a fin de llevar adelante el soborno.

El beneficio a cambio sería la designación de la Sala III. Stafforini se encargaría de entregar 50 mil dólares a Aráoz de Lamadrid quien, junto a Riquelme, oficiarían como intermediarios y encargados de coordinar la operación destinada a que la Sala integrada por el juez Riggi revoque el procesamiento de Cristian Favale, Gabriel Sánchez, Juan Carlos Pérez, Guillermo Uño, Pablo Díaz, Daniel González y Francisco Pipitó.

Del mismo modo, se buscaba trabar la posibilidad de que avanzara la acusación contra Pedraza. Por su parte, el prosecretario de Casación Luis Ameghino Escobar sería el encargado de digitar la designación de esa Sala en particular. A partir de esta información, se allanó el estudio de Aráoz de Lamadrid y se secuestró un sobre con su nombre que contenía los 50 mil dólares.

El lunes 10 de septiembre, el juez Luis Rodríguez procesó a Riquelme, Escobar, Stafforini, Aráoz de Lamadrid y Pedraza. De acuerdo a la resolución de Rodríguez, “la influencia de Aráoz de Lamadrid y Riquelme sobre el magistrado Riggi se consideraba real, en tanto ambos mantenían relaciones personales preexistentes con él, uno como ex-empleado y el otro con un vínculo afectivo demostrado por el intercambio de las comunicaciones y otras escuchas telefónicas obtenidas”.