OP Investments realizó la compra irrevocable de la totalidad de las acciones de control del ex Grupo Indalo con el firme propósito de iniciar un proceso de reestructuración de las empresas que lo componen, en el marco de un Plan Estratégico que pone en el centro el objetivo de garantizar la fuente de trabajo de los más de 4.000 colaboradores directos y 11.000 indirectos, y regularizar y cancelar las obligaciones fiscales y previsionales con la AFIP que el ahora renombrado Grupo Ceibo reconoce conforme a la ley.

Este Plan fue presentado al juzgado interviniente en el concurso de OIL Combustibles (OCSA) en donde se dejó asentado por escrito un programa de pago de las deudas fiscales y previsionales adquiridas por los anterior accionistas absolutamente consistente y sustentable.

Pese a la factibilidad de la propuesta, el juez Julián Ercolini rechazó el pedido que realizó el anterior dueño del grupo Cristóbal López para que le levanten la inhibición general de bienes que recae sobre las empresas, lo que imposibilita realizar el traspaso de acciones a los titulares de OP Investments.

Resulta cuando menos llamativo, que el titular de la AFIP, Alberto Abad, y Ernesto Donato, su mano derecha en el organismo a cargo de la Subdirección General de Coordinación Técnico Institucional, se encargaron de anticipar en off que no aceptarían ningún plan de pago, aún antes de tomar contacto con la propuesta. Es más, deslizan que detrás de la operación de compra siguen los mismos accionistas, algo totalmente falso ya que los anteriores socios no conservan participación ni injerencia alguna en la conducción de las sociedades que integran el Grupo.

Designado el 17 de diciembre de 2015 como subdirector General de la Subdirección General de Coordinación Técnico Institucional, el abogado Ernesto Donato es un ladero inseparable de Abad. Juntos transitaron la primera gestión de Abad al frente del organismo, quien allá por 2002 ingresó a la AFIP de la mano de Eduardo Duhalde, y continuó en el organismo hasta 2008 bajo las presidencias de Néstor Kirchner, primero, y Cristina Kirchner, después.

A este binomio se suma Raúl Barido, quien, sin cargo alguno en la AFIP, oficia de consultor externo de Abad y Donato. Barilo y Abad tienen una estrecha relación que se remonta a 1995, tiempos de la presidencia de Carlos Menem. Por aquellos años, Barido se desempeñaba como subsecretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, mientras que Abad era el secretario de Control Estratégico, ambos bajo la conducción del por entonces jefe de Gabinete Eduardo Bauzá.

Además, lejos del pedido de austeridad que pregona Mauricio Macri, el propio Abad contrató los servicios de estudio jurídico de Ricardo Gil Lavedra, exjuez y diputado radical. Esta decisión inmediatamente alertó a los gerentes y empleados de la AFIP que posee un departamento de legales conformado por profesionales altamente calificados. Como apoderado de la AFIP, Gil Lavedra también parece más interesado en llevar a López tras las rejas que en analizar el plan estratégico presentado por las nuevas autoridades del conglomerado empresario.

Con un presente acuciante para las empresas que conforman el Grupo Ceibo, es primordial que quienes conducen los destinos de la AFIP analicen con rigor técnico la propuesta presentada por OP Investments, despojados de rencores y revanchismos. Desaprobar la propuesta in limine supone una mirada sesgada de Abad y compañía.

El rigor técnico que se pide es el mismo aplicado por quienes elaboraron el Plan Estratégico, que contempla una inversión inicial de 300 millones de dólares; el ingreso de un nuevo e importante inversor extranjero estratégico; y la incorporación de inversores financieros.

Si la real aspiración de la AFIP es combatir la evasión y recuperar los fondos para beneficio del Fisco, es cuanto menos desconcertante la postura de Abad que parece más interesado en llevar a las empresas a la quiebra, que en cobrar la deuda impositiva.

Esta postura deja poco margen de acción a las empresas del Grupo Ceibo y reabre un interrogante respecto a las reales intenciones de aquellos funcionarios que parecen estar embarcados en una cruzada personal más que profesional. Vale la pregunta entonces: ¿será que buscan presionar para conseguir que los amigos de turno se queden con las más de 170 sociedades a un precio vil?

(Fuente: Ámbito)