Así, Cimadevilla (UCR) profirió lo que casi podría considerarse un exabrupto, al defender estrictamente las políticas del gobierno de Raúl Alfonsín respecto a los crímenes de lesa humanidad cometidos por militares durante la dictadura.

Así, dijo no compartir la opinión general, la del gobierno nacional y la de la Corte Suprema sobre la no proscripción de los delitos de esa índole al señalar que "ni la Ley de Obediencia Debida ni la Ley de Punto Final" podrían ser cuestionadas porque la primera "fue una promesa electoral de Alfonsín" y el Punto Final "fue una ley muy oportuna para la democracia", afirmó

No conforme con ello, sostuvo muy suelto de cuerpo y sin ponerse colorado que "no comparto el fallo de la Corte que declaró la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final".

Eso sí: habló "a título personal..."