La Justicia falló en contra de los decretos de Macri para intervenir la AFSCA y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). Entonces, la primera medida del Ejecutivo, es sellar los ingresos.
Para ello se decidió militarizar la puerta del organismo, con un fuerte operativo policial que incluye tres celulares de la Policía Federal, con uniformados bloqueando las puertas de acceso.
Los funcionarios fueron ilegalmente desplazados de sus labores por los DNU del presidente, pero dos jueces federales de la Ciudad de Buenos Aires y San Martín, aceptaron los amparon presentados por una sociación de consumidores y una organización de comunicación popular.
De esta manera, dejaron sin efecto los decretos 13/15, 236/15 y 267/15, con el fin de disolver el organismo. Pero el Ejecutivo en conjunto con la ministra de Seguridad, parecen desconocer la ley.

La Justicia falló en contra de los decretos de Macri para intervenir la AFSCA y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). Entonces, la primera medida del Ejecutivo, es sellar los ingresos.

Sabbatella se presentó en la puerta del organismo pero fue recibido en la calle, frente al hall de acceso, por el subdirectror de Asunto Jurídicos, Juan José Juárez, quien le aseguró que se había apelado la decisión y que no le permitía el ingreso. "No nos consta que haya algún tipo de apelación presentada, incluso si la hubiera, no suspende la cautelar inmediatamente. No es el Presidente el que suspende las decisiones de la Justicia. El Poder Ejecutivo apela y si se concede, es la cámara la que define", explicó.

El gobierno decidió militarizar la puerta del organismo, con un fuerte operativo policial que incluyó tres celulares de la Policía Federal, con uniformados bloqueando las puertas de acceso.

Los funcionarios fueron ilegalmente desplazados de sus labores por los DNU del presidente, pero dos jueces federales de la Ciudad de Buenos Aires y San Martín, aceptaron los amparos presentados por una asociación de consumidores y una organización de comunicación popular.

De esta manera, dejaron sin efecto los decretos 13/15, 236/15 y 267/15, con el fin de disolver el organismo. Pero el Ejecutivo en conjunto con la ministra de Seguridad, parecen desconocer la ley.