Como es sabido, la brutal represión desatada por el Gobierno Nacional durante las jornadas en las que se trató en el Congreso la reforma previsional, tuvo repercusión internacional. De hecho, la CIDH expresó oficial y públicamente su “preocupación”.

A través de un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó el jueves su "preocupación" por "el uso inadecuado e indiscriminado de la fuerza" ante esas protestas multitudinarias.

El organismo advirtió además que "los Estados deben actuar sobre la base de que una protesta no es una amenaza al orden público"; es decir, todo lo contrario a lo que pretende el oficialismo, que acusa a los manifestantes de “sediciosos”.

Por el contrario, la CIDH intimó al Gobierno a "investigar de forma pronta y exhaustiva la conducta policial durante estas manifestaciones, y establecer las sanciones correspondientes", y exhortó al Estado a "garantizar el estricto apego a los principios generales de legalidad, excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad en el uso de la fuerza en contextos de protesta social".

"El hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación no vuelve, per se, violenta toda la protesta ni autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver la protesta mediante uso de la fuerza ni a practicar detenciones masivas", advirtió el organismo.

Sobre la excepcional cantidad de periodistas heridos durante las manifestaciones, la CIDH reclamó que "el Estado tiene el deber de garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos, o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión".

Finalmente, recordó que "la criminalización de la movilización y la protesta social, sea a través de represión directa a los manifestantes, o a través de la detención arbitraria de manifestantes y proceso criminal, es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión pacíficamente".