La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer definió a la iniciativa argentina como "un significativo avance en cuanto a fomentar la capacitación del personal de administración de justicia, policial y demás funcionarios/as encargados de la aplicación de la ley, así como del personal cuyo cargo se encuentre la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres".

La ley Micaela, aprobada con 171 votos a favor y uno en contra en Diputados y sancionada por el Senado argentino por unanimidad, establece capacitación obligatoria de todos los empleados públicos. La norma estipula la creación del Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres con el objetivo de “capacitar y sensibilizar” a todos los funcionarios públicos, que integran los diferentes niveles del Estado.


Comité de la OEA observó "con beneplácito que el Estado Argentino busque capacitar y sensibilizar a quienes integran diferentes estamentos del Estado a los fines de dar cumplimiento al deber que asumió al suscribir y ratificar la Convención de Belém do Pará".  El Comité "saluda la voluntad política del Estado Argentino de avanzar en el camino por prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, a través de la capacitación permanente y a nivel estatal, a fin de garantizar el derecho de todas las mujeres y las niñas a vivir libres de violencia".

Por su parte, diputadas y diputados de la Nación expresaron su beneplácito por este reconocimiento internacional: Analía Rach Quiroga, Araceli Ferreyra, Lucila De Ponti, Lucila Masin, Mónica Macha, Cristina Alvarez Rodriguez, Daniel Filmus, Guillermo Carmona, Leopoldo Moreau, Carlos Castagneto, José Ciampini, Roberto Salvarezza, Luis Basterra, Gabriela Estevez, Adrián Grana, Mayra Mendoza, Laura Alonso y Verónica Mercado.