Rechazo y repudio: el Gobierno volvió a habilitar las palabras ''idiota'', ''imbécil'', y ''débil mental'' para referirse a los discapacitados
El gobierno Nacional ordenó por decretó que a la gente con discapacidad se la volverá a clasificar como “imbécil”, “idiota” o “débil mental” para otorgarles una asignación. La medida que apareció en el Boletín Oficial generó un fuerte rechazo en las organizaciones por estigmatizar y violar acuerdos internacionales contra la discriminación. Se trata de una normativa que en la década del 90 cuestionó Nacional Unidas.
Mediante un decreto -número 843-, el gobierno implementó que para otorgar asignaciones a personas con discapacidad, la Agencia Nacional de Discapacidad a cargo de Diego Spagnuolo -exabogado personal de Javier Milei- se pueda usar términos como “imbécil”, “idiota” o “débil mental”.
La medida figura en el Boletín Oficial, discrimina y estigmatiza, además viola acuerdos internacionales en la materia, tal explica Eduardo Sotelo (profesor de educación física y con basta experencia en el tema) en el video que acompaña esta nota.
Esta forma de evaluar a los beneficiarios de asignaciones se dejó de usar en la década del 90 por ser contrarias a lo que señala la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, según Naciones Unidas.
Desde 1997 se entiende que la discapacidad no impide trabajar, pero que a la vez las personas con discapacidad enfrentan barreras por las cuales es necesario brindarles una asignación.
El decreto del Gobierno vuelve el tiempo atrás, con la excusa de que revisará 1 millón de pensiones.
Fuerte rechazo de organizaciones de discapacidad
Por caso, Eduardo Quiroga, abogado del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) dijo: “Las expresiones que usa la normativa refuerzan la discriminación que ha existido históricamente y aún existe para las personas con discapacidad”.
En tanto, la presidenta del IPRODICH, Ana María Mitoire, cuestionó la resolución al considerar: “Son retrógradas, porque tienen que ver con un modelo ya perimido, donde no se reconoce a la persona con discapacidad como un sujeto de derecho en igualdad de condiciones”.
Y Gabriela Troiano, presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), calificó el uso de esos términos como un acto de "violencia institucional sin precedentes".