La semana pasada el diputado del Frente para la Victoria, Carlos Kunkel, presentó un proyecto de ley de convivencia en manifestaciones públicas con el fin de regular los cortes de calle para que no afecten la libre circulación. En tanto, su par del Congreso, Darío Giustozzi presentó la iniciativa del Frente Renovador, que tamibién busca legislar sobre el piquete. Ambos proyectos de ley contienen diferencias.

Según afirmó Kunkel, en su proyecto "el derecho a la protesta está garantizado" porque en el texto, que consta de 34 artículos, en uno de ellos se establece que los organizadores de una protesta, marcha o manifestación deben informarles a las autoridades 48 horas antes de llevarla a cabo.

El dipuato del FPV aclaró que con su iniciativa las manifestaciones "no podrán ser desalojadas por las fuerzas de seguridad, sin una mediación previa a cargo de personal civil del Ministerio de Seguridad de la Nación". Este mediador, se limitará a pactar las condiciones del fin de la protesta, identificar las demandas y coordinar encuentros entre los manifestantes y los representantes estatales o entes privados.

Además la norma prohíbe la portación de armas de fuego "por parte de quien esté en contacto directo con los manifestantes" y aclara que "aquellos que las porten deberían guardar distancia prudente" durante la protesta.

En ese sentido, Kunkel sostiene que "la actuación de las fuerzas de seguridad debe ajustarse a disposiciones previstas en la Constitución, Tratados Internacionales y esta ley", al reiterar que "el uso de la fuerza pública será limitado a su mínima expresión".

Por su parte, el proyecto del diputado Darío Giustozzi también contempla el "derecho a la petición social", pero se advierte que las protestas no pueden realizarse de cualquier forma, en cualquier lugar ni a cualquier hora, sino que establece lugares determinados para ejercerlas.

Para el proyecto del Frente Renovador, todas las marchas, cortes, piquetes o algún tipo de protesta que no se adapte a la normativa serán sancionados con trabajos comunitarios o multas equivalentes a entre 1 y 3 salarios mínimos si la vía bloqueada era una calle y entre 3 y 5 en caso de avenidas y autopistas.

De aprobarse, el proyecto contempla otorgar 120 días para que el Poder Ejecutivo elija los espacios públicos en que se realizarán las protestas. Como mínimo, deberá haber cuatro lugares para la jurisdicción federal, cuatro en cada provincia y la Ciudad y 3 en cada municipio.