La Procuración General de la Nación, a cargo de Alejandra Gils Carbó, salió al cruce del diario Clarín por una nota publicada hoy referida a unas supuestas escuchas a la ONG La Alameda y aclaró que “se creó el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM)” para “transparentar el funcionamiento del sistema de interceptaciones”.

Tras la nota periodística en la que se anuncia la presentación de una denuncia penal por parte del legislador porteño Gustavo Vera contra la Procuración por realizar tareas de "espionaje", ese organismo explicó que “el 7 de julio pasado se hizo efectiva la transferencia al ámbito del Ministerio Público Fiscal de las funciones de interceptación de las telecomunicaciones ordenadas por las autoridades judiciales competentes”.

“El DICOM forma parte de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal, a cargo de la fiscal Cristina Caamaño”, detalló el escrito y agregó que “se buscó transparentar el funcionamiento y encuadrarlo como lo que verdaderamente es: una herramienta con la que cuenta la administración de justicia para resolver causas criminales”.

“En los 60 días que lleva en funcionamiento el DICOM han concurrido a conocer sus instalaciones y funcionamiento jueces, fiscales, organizaciones de la sociedad civil y periodistas de diversos medios de comunicación. Una apertura impensable bajo el régimen anterior, cuando el organismo formaba parte del sistema de inteligencia nacional”, remarcó.

“Desde el primer momento se tomaron medidas para mejorar la gestión del área y se convocó a una comisión asesora integrada por destacas personalidades con amplia trayectoria en políticas de seguridad democrática, como Eugenio Raúl Zaffaroni, Alberto Binder, Marcelo Sain, y León Arslanian”, continúa el comunicado de la Procuración.

“A lo largo de estos dos primeros meses de funcionamiento el DICOM ha reducido sensiblemente el tiempo que insume realizar las intervenciones”, señalaron al mismo tiempo que aclararon que el Ministerio Público Fiscal “no cuenta con atribuciones legales ni con la capacidad técnica para intervenir comunicaciones por su propia iniciativa”.

En esa línea, aseveraron que “todas las interceptaciones de comunicaciones realizadas con intervención del DICOM, sin excepción de ninguna naturaleza, están respaldadas por la orden de la autoridad judicial y se realizan a través de la empresa de telefonía correspondiente”.

“Sin mandato escrito y específico del juez o fiscal a cargo de la causa en la que se dispone la intervención no se realiza tarea alguna”, agregaron.

En ese mismo texto se asegura que “el Ministerio Público Fiscal no es propietario ni utiliza bajo ninguna modalidad contractual edificio alguno situado en la calle Estados Unidos”.