Los fiscales que llevan adelante la acusación contra militares y civiles que actuaban en Campo de Mayo durante la dictadura dieron "por acreditada la existencia y funcionamiento de la maternidad clandestina" en el Hospital Militar.

También sostuvieron que allí funcionaba un lugar de "cautiverio de mujeres embarazadas para dar a luz, atadas, incomunicadas, a las cuales les eran arrancados sus hijos recién nacidos, que no eran anotados debidamente, con la participación de toda la estructura sanitaria del hospital".

Así lo indicó el fiscal federal Martín Nikilson, al tiempo que reclamó penas de 30 y 35 años de prisión para los médicos Norberto Bianco y Raúl Martin, y 13 años para la partera Luisa Yolanda Sala de Arroche García.

Para las autoridades del Comando de Institutos Militares, del que dependía Campo de Mayo, Nikilson pidió prisión perpetua para Santiago Omar Riveros y 40 años para Reynaldo Bignone, en el marco del juicio oral por la apropiación de ocho bebés.

Para la fiscalía, en el Hospital Militar "se montó una estructura organizativa en la clandestinidad como marco general para sustraer a los menores como parte del sistema de represión donde se secuestraba, mataba o liberaba a las víctimas".

A diferencia de lo que ocurría con sus padres, "con los niños se encontró un modo de mantenerlos con vida, modificar sus identidades y el apartamiento de los familiares".