La causa fue promovida por el  legislador porteño Gustavo Vera e incluye a Stiuso y otros agentes cuyo estilo de vida resultaba incompatible con su ingreso mensual de 15 mil pesos.

Parrilli brindó "todos los datos requeridos de todos las personas denunciadas por Vera, su relación con el organismo de inteligencia y las relaciones personales entre ellos" al tiempo que le hizo saber al juez "que respecto de los integrantes y ex integrantes del organismo se los releva de la obligación de guardar secreto para todo acto procesal que eventualmente sean convocados".

Además Parrilli le comunicó al juez que estaban a su disposición las Declaraciones Juradas Patrimoniales previstas en la ley 25.188 (ley de ética pública) que conforme a las disposiciones emanadas de la Oficina Anticorrupción del año 2001 deben presentar los funcionarios con rango no inferior a Director o equivalente.

Finalmente le hizo saber a Casanello que le están remitiendo copias de los legajos personales solicitados de cada uno de los integrantes de la exSide.

Vera, también presidente de la fundación "La Alameda", aportó el nombre de 52 empresas, que se suman a la docena que detalló al iniciar la causa contra los   supuestos "testaferros" de Stiuso. Uno de los empresarios mencionados es  Juan Carlos Molinari, a quien  Casanello procesó en otra causa por presunto lavado de activos.