Otro ajuste: reducen la producción de medicamentos nacionales
La Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, que fue aprobada en 2014 para la investigación y producción de medicamentos, materias primas, vacunas, insumos y productos médicos, desde el poder Ejecutivo redujeron su presupuesto de 150 millones de pesos a 4 millones de pesos.
Según una investigación de "Tiempo Argentino", el 4 de noviembre de 2015, la jefatura de Gabinete le asignó a la ANLAP, un presupuesto de 150 millones de pesos, pero que el año pasado, Cambiemos incorporó al Ministerio de Salud bajo el programa de "Investigación y Desarrollo de Laboratorios de Producción Pública, pero quedó con solo 4,72 millones de pesos de presupuesto.
La ley habla de "adquirir soberanía" e insta al Estado a posicionar al sistema público como competidor en el mercado, pero en el Gobierno de Cambiemos todos los privados son parte del Estado, y eso no los beneficiaría.
" No parece ayudar que el presidente Macri vacacione en un complejo de Villa La Angostura donde tiene acciones Pablo Roemmers, titular del laboratorio homónimo denunciado por la 'cartelización del mercado'. Hay más contactos. En 2011, Juan Tonelli, pareja de la vicepresidenta Gabriela Michetti y actual director ejecutivo de la Cámara Argentina de Medicamentos de Venta Libre, fue acusado de 'lobbysta de los laboratorios' por la fiscal Mónica Cuñarro. Meses después, Macri vetó en la Ciudad la ley de regulación de medicamentos libres. Antes había vetado la fabricación estatal de medicamentos", explica el informe.
El Defensor del Pueblo de la Tercera Edad, Eugenio Semino, remarcó a Tiempo Argentino que la producción pública de medicamentos se encuentra "absolutamente" paralizada y agrega que "no se fomenta desde el Estado porque hay una financiación del sistema político por parte de los laboratorios. El mejor ejemplo lo tenemos en las campañas electorales".
Además, PAMI sigue adelante con su política de ajuste en la entrega de remedios con 100% de descuento, además de la falta de medicamentos para enfermedades como tuberculosis y VIH.
Ante esta situación, Semino advierte que si se le quita el descuento a un jubilado, debe cortar con el tratamiento al no poder afronterlo y "se estaría cometiendo cuasi un delito penal, lo que generaría amparos judiciales".
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