Timerman sostuvo que con ella, el Estado afirma “la soberanía sobre el área y sus recursos” naturales, tanto a las empresas petroleras como a las que les prestan servicios tercerizados.

Acompañado por la procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona, Timerman explicó en conferencia en el Palacio San Martín los motivos de las acciones legales y los alcances de la nueva estrategia. 

“El plan es para preservar la paz y procurar la resolución pacífica” del conflicto de soberanía, señaló el ministro, y explicó que las acciones se basan en la violación de dos principios: el de la resolución de Naciones Unidas, y el de que ninguna de las partes (Argentina y Reino Unido) puede introducir modificaciones unilaterales en lo que dure el conflicto. 

Timerman recordó que en 1998 comenzaron “en forma unilateral la exploración de seis pozos”, y que en 2010 arribó al archipiélago la primera plataforma petrolífera, la de Ocean Guardian, a la que se sumó en enero pasado la de la compañía Leiv Eiriksson. 

“Afirmaremos la soberanía sobre el área y sus recursos, e implementaremos una estrategia judicial con el fin de sancionar a las empresas involucradas. Será con acciones penales, civiles y administrativas”, remarcó. 

Timerman anunció también que “se notificará a los que brinden servicios financieros y legales” de que incurren en delito quienes no preanuncien a sus clientes que si participan de la explotación hidrocarburífera en las Malvinas se involucran en negocios que prestan a litigio legal. 

“Se dará aviso de la ilegalidad a todos los entes reguladores bursátiles donde operen las empresas”, agregó en referencia a las Bolsas del mundo, y que se “proyectará esta estrategia a nivel internacional, a través de mecanismos de cooperación judicial” con terceros países. 

Además, acompañarán el plan de acción “con publicidad, contactos con las cámaras del sector y con los medios de comunicación especializados en hidrocarburos”. 

“Asumimos la defensa de los recursos naturales en todos sus aspectos, y vamos a tratar que las se apliquen, y de que Gran Bretaña entienda que tiene que dar cumplimiento a la resolución 2065 (de la ONU)”, enfatizó. 

El plan contempla tres niveles: las empresas petroleras directamente involucradas (Falkland Oil&Gas, Rockhopper, Borders&Southern Petroleum, Argos, y Desire Petroleum); las empresas que dan apoyo logístico a las petroleras; y por último los que brindan servicios financieros y de asesoría. 

“Contamos con informes bien documentados de la Prefectura sobre las operaciones en las Malvinas, que indican que hay siete empresas brindando servicios a las dos plataformas operando ilegítimamente allí”, sostuvo Timerman. 

Mostrando una secuencia de diapositivas, el jefe de la diplomacia nacional señaló a los bancos que asisten a las empresas trabajando en el área, como Morgan Stanley, Lloyd TSB, Credit Suisse, Barclays, entre otros. 

“No hay país en el mundo que diga que el Reino Unido tiene derechos soberanos sobre las Malvinas”, afirmó Timerman, y reiteró que la Argentina “sólo va a recurrir al camino legal y de la diplomacia”. 

La Cancillería conformó un equipo propio de expertos legales que se dedicarán “full time” a la tarea de acciones legales, y se adelantó que las sanciones administrativas “son de efecto inmediato” y se canalizan a través de la AFIP, la Aduana y la Secretaría de Energía. 

Lo oficializado por Timerman había sido anticipado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su discurso al inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso, en el que además propuso gestionar vuelos directos de Buenos Aires a las islas a través de Aerolíneas Argentinas.