El juez Sergio Torres cerró la etapa de instrucción y elevará a juicio oral la causa penal que acusa al ex presidente Carlos Menem y a su ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, por la venta “a precio vil” de tierras del Estado en 1991.

La causa por la venta del Predio Ferial de Palermo a la Sociedad Rural irá a juicio oral luego de que se realice el sorteo del tribunal solicitado por Torres. De esta forma, si llegara a haber fallo condenatorio, el Estado podría insistir con la recuperación del terreno.

El proceso penal por la venta irrisoria de estos terrenos ya cuenta con 12 imputados a los que se acusa de planificar la “malversación de caudales públicos”, según indica el artículo 261 del Código Penal.

Entre ellos se encuentran, además de Menem y Cavallo, el ex presidente de la Sociedad Rural, Eduardo de Zavalía; el ex secretario de la entidad, Juan Alberto Ravagnan; y funcionarios del Banco Ciudad y el Banco Hipotecario.

Si bien un año antes el terreno había sido tasado oficialmente por un monto de 943 millones de dólares, fue vendido a 30 millones de dólares en 1991. En la actualidad, la tasación de la Corte Suprema de Justicia determinó que su valor alcanza los 131 millones de dólares.

El fiscal Carlos Stornelli había emitido un dictamen, en agosto del año pasado, para solicitar la elevación a juicio oral, sosteniendo que en aquella venta “se aplicaron normas que no se ajustaban al caso, se omitieron mecanismos de control y dictámenes previos, se soslayaron tasaciones anteriores y se desconocieron actos legítimos de la misma administración”.

En el escrito, Stornelli señalaba que “el más grave incumplimiento y la mayor gravedad que sigue al despojo del patrimonio público e histórico acontecido en manos de un ex presidente (Carlos Menem) y de uno de sus colaboradores más cercanos (Domingo Cavallo) es que se ha observado un claro desprecio a la manda constitucional”.

El predio, de 12 hectáreas, fue cedido a la Sociedad Rural en agosto de 1875. Luego, en 1880, la provincia de Buenos Aires lo entregó formalmente al gobierno nacional y desde el año 1905 el Congreso nacional fue el responsable de prorrogarle a la Sociedad Rural el usufructo del predio.

En febrero de 1990, los funcionarios menemistas Antonio Erman González y José Dromi firmaron un decreto por el cual se prorrogaba por 35 años el usufructo del predio en favor de la SRA, aunque jamás fue ratificado por el Congreso.

La posible defraudación al Estado en la elevación a juicio se basa también en que las impugnaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas de la Nación y el contador fiscal fueron incorporadas en el expediente recién en el año 1992, cuando el terreno ya había sido vendido.

En el año 2012, el gobierno nacional dictó el decreto 2.552 para revocar la venta del predio en manos de la Sociedad Rural, considerando que la venta se había realizado a “precio vil”. Pero fue frenado a través de una medida cautelar. En ese marco es que, una vez concluida la causa, el Estado nacional podría volver a reclamar la tenencia del predio como bien de dominio público.