Andrés Larroque y Máximo Kirchner se presentaron como querellantes ante la Jueza Federal Servini de Cubría, en la causa que investiga las amenazas coactivas por parte del Fiscal de Estado de la provincia de Jujuy, Mariano Miranda, y el gobernador de Jujuy Gerardo Morales, que fuera denunciada la semana pasada por un grupo de Diputados Nacionales del FPV-PJ.

En la presentación, los diputados nacionales, quienes resultan particularmente ofendidos por las conductas denunciadas en esa causa, hicieron saber de nuevos hechos que evidencian claramente que la coacción desplegada impunemente por Miranda configura un hecho que integra una serie de maniobras más amplias, ejecutadas desde y por ese Poder Ejecutivo Provincial, en dirección a interferir y determinar la actividad del poder judicial provincial.

Entre los principales hechos que configuran la maniobra denunciada se describieron las recurrentes amenazas y la privación ilegal de la libertad sufridas por la diputada provincial Mabel Balconte, como mecanismos para obligarla a declarar en sede judicial en perjuicio de Milagro Sala e involucrar también a Máximo Kirchner y Andrés Larroque, de manera absurda y absolutamente inverosímil, en un hecho de corrupción manifiestamente falso. Lo que también fue denunciado esta semana en Comodoro Py por un grupo de abogados y organismos que entienden en las causas contra la dirigente jujeña.

Asimismo, se denunciaron las presiones por parte del gobernador Morales a intendentes municipales de varias localidades jujeñas, pertenecientes al Frente para la Victoria, para conminarlos a presentarse por escrito (a través de notas elaboradas por el propio gobierno provincial) en las causas penales seguidas contra Milagro Sala, con manifestaciones incriminatorias contra esa dirigente, bajo amenazas de involucrarlos en los presuntos hechos ilícitos y proceder a su inmediata detención.

En ese contexto, de vulneración manifiesta del estado de derecho, Kirchner y Larroque hicieron saber a la Jueza Federal María Romilda Servini de Cubría, que tomaron  conocimiento de nuevos hechos de extrema gravedad, que también tienen como víctimas a intendentes de aquella provincia argentina, como así también ahora a miembros del Senado Nacional.

Los diputados hicieron saber que tomaron conocimiento que en la reunión del pasado jueves 21 de abril, con la ex- presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner junto a senadores y senadoras del bloque Frente para la Victoria-PJ. , la senadora nacional por Jujuy Liliana Fellner hizo saber a sus colegas una gravísima descripción de los grandes flagelos que estaba atravesando su provincia en términos judiciales y políticos.

En tal sentido, la senadora Fellner habría manifestado que ya no existen garantías constitucionales en Jujuy, y que las promesas cotidianas de alivianar supuestas cargas judiciales, incluso por hechos inexistentes, a cambio de involucrar a Milagro Sala y a otros dirigentes políticos en la supuesta comisión de delitos, o de la obtención de cualquier otra conducta exigida, eran ya una práctica habitual en la realidad judicial y política que atraviesa Jujuy.

En ese contexto, la senadora Fellner habría manifestado que su voto en el marco de la  Ley de Normalización de Deuda Pública y Acceso al Crédito Público (pago a los fondos buitre) había sido modificado a cambio de la libertad de sus “compañeros intendentes”, ya que les habían prometido “alivianarles las cargas judiciales” en las “investigaciones” que irregularmente se llevan adelante sobre Milagro Sala y su organización. La senadora Fellner votó afirmativamente el proyecto de Ley.

Fellner reveló un entramado de maniobras de una gravedad inédita cometidas por el propio gobernador de la provincia de Jujuy, contador Gerardo Morales, y que resultan concordantes con las denunciadas en esta causa.

En definitiva, se investiga que en simultáneo con el desarrollo de la maniobra extorsiva contra la legisladora provincial Balconte, se había desplegado con anterioridad una maniobra de similares características en perjuicio no sólo de la propia senadora y de distintos intendentes de la provincia de Jujuy, sino contra la voluntad de una de las Cámaras que integran el Poder Legislativo del Estado, en este caso el Senado de la Nación

Kirchner y Larroque manifestaron su solidaridad y apoyo a la senadora Fellner por resultar una víctima más del ejecutivo provincial a partir de la coacción sobre su persona para viciar su voluntad y la de sus compañeros amenazados con la pérdida de su libertad personal.

La manifestación de la senadora Fellner reflejaría además el estado de situación de la provincia de Jujuy en materia de garantías constitucionales y de administración de justicia.

Por todo ello, Kirchner y Larroque solicitaron ser tenidos por parte querellante, en virtud de la grave afectación que estas maniobras directa y funcionalmente les generan, y con el fin de dilucidar una maniobra delictiva de gran afectación institucional y política.

La sincronizada maniobra implicó:

La privación ilegal de la libertad y amenazas hacia una legisladora provincial para que declare falsamente y los acuse de la comisión de gravísimos delitos bajo la promesa de mejorar su situación procesal y la de su familia;

Las amenazas coactivas desplegadas por el abogado del Estado jujeño Mariano Miranda en perjuicio de Larroque y Kirchner, en un claro mensaje intimidatorio por parte del Gobernador de la provincia, Gerardo Morales;

Las amenazas y coacciones desplegadas por el mismo poder ejecutivo provincial contra intendentes y una senadora nacional, bajo la misma promesa de “alivianar” situaciones judiciales “armadas” y obtener una determinada votación en el Honorable Congreso de la Nación.

La presentación se sustenta en el convencimiento de que el ejecutivo provincial debe ser investigado por las amenazas sufridas por los diputados nacionales con el destino de obstruir su desarrollo funcional y político en el ámbito nacional, a partir de las evidencias que indican que el propio Morales es quien despliega maniobras extorsivas a dirigentes para que declaren en un sentido incriminatorio contra Milagro Sala y otros referentes políticos de signo opositor a su gobierno.

En este caso, las amenazas coactivas del fiscal de estado Miranda constituyen el desenlace natural de aquellas presiones.

Solicitaron se cite a declaración testimonial a todos los senadores que participaron del encuentro con la ex Presidenta y que se soliciten los registros de audio y video de la participación de Fellner en aquél encuentro.