El Gobierno finalmente envió al Congreso un proyecto de ley en el que venía trabajando desde el comienzo de la gestión de Mauricio Macri. Es el que modifica el régimen de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART), con el objetivo de limitar los juicios por accidentes laborales. 

La norma le otorga a dichas comisiones médicas la condición de ser la “instancia previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención, a los efectos de determinar los grados de incapacidad, prestaciones e indemnizaciones por accidentes o enfermedades vinculadas al trabajo”.

El proyecto establece que, antes de recurrir a los tribunales laborales, el trabajador afectado (o sus familiares) deben agotar la vía administrativa, ante la comisión médica de la jurisdicción correspondiente.

Mauricio Macri junto a los titulares de FIAT Argentina, Cristiano Rattazzi y de Techint, Paolo Rocca.
Mauricio Macri junto a los titulares de FIAT Argentina, Cristiano Rattazzi y de Techint, Paolo Rocca.

Reducir la litigiosidad es un reclamo de las empresas y también del Presidente, que en más de una oportunidad cuestionó la llamada "industria del juicio".

Macri llegó incluso a plantear en julio pasado que para que llegaran inversiones al país, la justicia laboral debía ser "más equitativa, no tan volcada a encontrarle siempre la razón a una parte".

El abogado laboralista y dirigente del FpV Mariano Recalde también objetó el proyecto del Poder Ejecutivo, ya que no resuelve problemas básicos del sistema y, en algunos aspectos, los agrava.

“Las ART no cumplen con sus obligaciones; no trabajan en la prevención de accidentes y funcionan como un sistema de lucro que las aleja de sus objetivos”, advirtió el ex candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad.

“Había un mecanismo de control a las ART a través de sanciones, que la Superintendencia de Riesgo de Trabajo había aumentado en su momento para inducirlas a un mayor cumplimiento de sus obligaciones, pero hace un mes fueron derogadas”, recordó.

En su opinión, este proyecto “es un nuevo intento de avanzar en la flexibilización normativa en contra del trabajador, que acompaña la flexibilización de hecho que se está viendo en las relaciones laborales; el primer intento de flexibilización en materia normativa había sido la ley del empleo joven”.

La propuesta que ingresó en la Cámara alta establece que, cumplido el paso de la comisión médica local, el trabajador podrá optar entre apelar ante la Comisión Médica Central (CMC), que es la instancia administrativa superior, o ir directamente a la Justicia. La iniciativa determina también que si las decisiones de las comisiones médicas no son apeladas en los plazos correspondientes, se convierten en cosa juzgada, es decir, ya no pueden plantearse ante la Justicia.