Mientras el presidente Mauricio Macri habla de que "todos tienen que ceder un poco" para que se beneficie el conjunto, el proyecto de reforma laboral que el Ejecutivo girará al Congreso tiene como gran beneficiario a los empresarios y como grandes perjudicados a todos los trabajadores. 

Con excepción de la ampliación de la licencia por paternidad, el resto de los puntos que se abordan en el texto-que se trataría en las cámaras en diciembre- promete una disminución de las condiciones laborales y menos costos para los patrones. 

El periodista de Ámbito Financiero, Mariano Martín, accedió al texto que el ministerio de Trabajo ya le presentó a cámaras empresarias y sindicatos y lo resumió en en una nota publicada en el medio este martes.

Se suprime supresión del concepto de "irrenunciabilidad" que consagra la ley de Contrato de Trabajo, lo que podría ser utilizado para impulsar acuerdos laborales a la baja. También habrá una baja sensible en los cálculos para las indemnizaciones por despido, un cepo a los juicios laborales y la posibilidad de constitución de fondos de desempleo financiados por los propios empleados en varias actividades. 

Además se prevé la reducción de dos años a uno del plazo de prescripción para el inicio de acciones judiciales de un trabajador contra su empleador. También se eliminará la valoración del "ius variandi" como garantía de no alteración de las condiciones de trabajo. Hasta ahora, si un empresario resolvía de forma unilateral mudar sus actividades o cambiar las labores de su personal los demandantes podían exigir ser indemnizados o bien continuar en sus tareas habituales. Esta última posibilidad quedará anulada según el texto del proyecto comentado ayer. 

En tanto, el Gobierno promete incluir una ampliación a 15 días de las licencias para padres por nacimiento de sus hijos, así como la posibilidad para los empleados de tomar hasta un mes de franco sin goce de sueldo. Otro capítulo que promete controversia para el año que viene: a partir de la próxima ronda de paritarias los gremios y las empresas podrán acordar regímenes especiales de indemnización o seguro de desempleo con aportes de los propios trabajadores del sector. Esa modalidad, que existe en el sindicato de la construcción (UOCRA) podrá ser adoptada por otras actividades sometidas a alta rotación laboral. En otras palabras, los trabajadores podrán aportar para sus propios despidos. 

Sobre la reducción de contribuciones patronales y aportes a la seguridad social, el primer año los empleadores no pagarán cargas por los primeros $2.300 de sueldo, y luego ese monto se duplicará y se le agregará la inflación de cada año hasta completar un valor de 11.500 pesos más la evolución del costo de vida, lo que se producirá hacia el cuarto año de aplicación del nuevo sistema. Se buscará así reducir un tercio del costo laboral por cada contratación nueva o blanqueo de trabajador a costa del Tesoro, que aportará la diferencia. Hasta ahora existía un sistema similar para las microempresas y para las Pyme, con lo que el beneficio nuevo sería sólo para las grandes compañías. 

Se buscará frenar los juicios "por solidaridad", lo que facilitará la tercerización. Se exculpará al empresario de la actividad principal si previamente se aseguró que su contratista cumplía con los requisitos legales para contratar personal. 

En el capítulo indemnizatorio se tomará en cuenta sólo los ítems salariales de la remuneración. También quedarán afuera las horas extra, el aguinaldo, las comisiones y cualquier otro ítem no regular. Para ello el proyecto prevé la redefinición del concepto de "salario" previsto en la ley de Contrato de Trabajo. Para iniciar un juicio, el trabajador tendrá un año de tiempo cuando antes podía hacerlo hasta dos años después de su desvinculación. Otro punto a favor de los empresarios será la facilidad para expedir el certificado de trabajo, motivo usual para la radicación de juicios y que motiva multas equivalentes a tres sueldos). 

El proyecto incluye la sanción de un nuevo esquema de pasantías o prácticas formativas disociadas de las obligaciones de un contrato de trabajo que podrán acordarse en cada convenio colectivo y que serán monitoreadas por un instituto tripartito.