Finalmente, la denuncia de Alberto Nisman contra la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, contra Héctor Timerman y otros funcionarios salió a la luz para dispersar las dudas y el misterio que se generaba alrededor de lo que se iba a presentar en el Congreso el día posterior a su muerte.

Pero, al analizarla, se pueden ver muchos puntos incoherentes, faltos de pruebas precisas, contradicciones y datos falsos, que muy bien pudieron caer en manos del fiscal por informaciones incorrectas de alguien externo.

Analizando el documento de 290 páginas, punto por punto, podremos ver cuáles son estas particularidades que hacen de la denuncia un argumento endeble.

IMPUNIDAD POR PETRÓLEO
Una de las acusaciones se centra en que el memorándum se habría realizado con el fin de darles impunidad a los funcionarios iraníes acusados del atentado, a cambio del petróleo que abunda en esas tierras asiáticas. Pero, luego de su creación, los números del intercambio comercial entre ambos países se mantuvieron estables, siendo la mayor alza en 2008. Cabe destacar, que dos años antes (en 2006), la Justicia argentina había acusado a Irán de planificar el atentado.
Hay que tener en cuenta también, que el mayor intercambio comercial entre los dos países se da a través de la exportación de granos, a cargo de empresas privadas de gran calibre.
Todo esto, sin tener en cuenta que Argentina inició una prolíofera etapa energética y productiva, a través de la expropiación de YPF, los hallazgos como el de Vaca Muerta, por ejemplo, y conseguir casi la autonomía energética. En conclusión, un intercambio comercial entre países, no tiene pruebas ni coherencias para tomarse en cuenta.
ELIMINAR LOS ALERTAS ROJO
Esta acusación, de que en el acuerdo nuestro país se había comprometido a borrar los alertas rojo que establecían que los funcionarios iraníes acusados no puedan salir de su país, quedó públicamente desarticulada.
En primer lugar, por la carta pública del canciller Héctor Timerman -otro acusado por Nisman- que efectuó a pocos días de firmado el acuerdo donde le expresa al Secretario General de Interpol que el Memorándum no modifica para nada el estado de alertas rojas.
Esa carta fue respondida, a las pocas semanas, afirmando que esto se mantendría de esa manera y confirmando que el juez de la causa, Canicoba Corral, era el único que estaba habilitado a formular algún cambio al respecto.
Como si fuera poco, el ex secretario de Interpol entre 2000 y 2014, Ronald Noble, envió un texto al canciller Timerman cuando se enteró de la denuncia para que se haga público que lo que Nisman afirmaba era falso y que la posición del gobierno argentino sobre los alertas rojos era firme e indeclinable.
EL COMPLOT DE LA PRESIDENTA
Una de las denuncias de Nisman en su texto, es la de una secreta reunión entre un supuesto miembro de la Inteligencia argentina con parte de la comunidad iraní en el país, para desviar la atención de la causa AMIA hacia grupos de ultraderecha nacionales. Pero esta denuncia, en realidad, nunca fue realizada ante un juzgado y no resulta una conducta punible.
No existen pruebas reales de una posible e increíble conexión entre la Presidenta, un exjuez devenido en empleado de Inteligencia, la comunidad iraní y funcionarios de alto rango. Además, es incoherente que si el fiscal sabía de esto en 2012, por qué no lo denunció anteriormente.
Vale destacar que Nisman estaba al frente de la unidad fiscal con mayor cantidad de herramientas para la investigación. En 2014, contó con un presupuesto de 24 millones de pesos, que fueron otorgados por el mismo gobierno que, presuntamente, él ahora denuncia.
EL PACTO DE CANCILLERES
Otra acusación es la de un pacto entre Timerman y su par iraní en Siria, donde habrían sellado el acuerdo. Pero esto surgió de los supuestos dichos de un periodista recientemente fallecido y de los cuales no hay ningún tipo de prueba fehaciente que lo acredite. Tampoco hay ningún documento, texto, firma, audio, video, ni nada que lo constate o lo registre.
ESCUCHA 1
Nisman denunció una escucha donde un dirigente argentino-iraní, Alejandro Khalil, aseguraba que la Secretaría de Inteligencia iba a levantar los alertas rojos. Según el fiscal fallecido, sería por expresas órdenes de la presidenta a través de sus funcionarios.
Más allá de la gravedad de no haberlo informado anteriormente al juez Canicoba Corral, Nisman afirma no tener escuchas ni de Cristina Fernández de Kirchner, ni del diputado Larroque, que figuran como acusados. Según afirmó, en las escuchas aparecía también Luis D'elía y Fernando Esteche. Ninguno de los mencionados, son funcionarios del gobierno nacional. Por eso, su intento de imputación hacia la presidenta queda claramente desarticulada.
LOS AGENTES FALSOS
Tanto Ramón Allan Héctor Bogado (mencionado como quien estaba en contacto con Khalil) y el ex juez Héctor Yrimia (quien habría participado del complot local con funcionarios argentinos), ambos nombrados por Nisman en sus acusaciones como empleados del Servicio de Inteligencia.
Oscar Parrilli, titular de la Secretaría, confirmó que ninguno de los nombrados pertenecen como personal de Inteligencia, ni fueron contratados, ni tampoco del gabinete de personal transitorio. Por lo tanto, esa pista, fue una información falsa que llegó a las manos del fiscal.
ESCUCHAS 2
El material no tiene carácter probatorio y, tal como dijo el juez de la causa AMIA, Canicoba Corral, :"¿Qué garantías tenemos con éstas cintas que produce la Secretaría sabiendo cómo es la actividad de la Secretaría?". Por lo tanto, este material pierde seriedad y validez.

IMPUNIDAD POR PETRÓLEO



Una de las acusaciones se centra en que el memorándum se habría realizado con el fin de darles impunidad a los funcionarios iraníes acusados del atentado, a cambio del petróleo que abunda en esas tierras asiáticas.

Pero, luego de su creación, los números del intercambio comercial entre ambos países se mantuvieron estables, siendo la mayor alza en 2008. Cabe destacar, que dos años antes (en 2006), la Justicia argentina había acusado a Irán de planificar el atentado.

Hay que tener en cuenta también, que el mayor intercambio comercial entre los dos países se da a través de la exportación de granos, a cargo de empresas privadas de gran calibre. Todo esto, sin tener en cuenta que Argentina inició una prolífera etapa energética y productiva, a través de la expropiación de YPF, los hallazgos como el de Vaca Muerta, por ejemplo, y conseguir casi la autonomía energética. En conclusión, un intercambio comercial entre países, no tiene pruebas ni coherencias para tomarse en cuenta.



ELIMINAR LOS ALERTAS ROJOS

Esta acusación, de que en el acuerdo nuestro país se había comprometido a borrar los alertas rojo que establecían que los funcionarios iraníes acusados no puedan salir de su país, quedó públicamente desarticulada.

En primer lugar, por la carta pública del canciller Héctor Timerman -otro acusado por Nisman- que efectuó a pocos días de firmado el acuerdo donde le expresa al Secretario General de Interpol que el Memorándum no modifica para nada el estado de alertas rojas.
Esa carta fue respondida, a las pocas semanas, afirmando que esto se mantendría de esa manera y confirmando que el juez de la causa, Canicoba Corral, era el único que estaba habilitado a formular algún cambio al respecto.

Como si fuera poco, el ex secretario de Interpol entre 2000 y 2014, Ronald Noble, envió un texto al canciller Timerman cuando se enteró de la denuncia para que se haga público que lo que Nisman afirmaba era falso y que la posición del gobierno argentino sobre los alertas rojos era firme e indeclinable.

EL COMPLOT DE LA PRESIDENTA

Una de las denuncias de Nisman en su texto, es la de una secreta reunión entre un supuesto miembro de la Inteligencia argentina con parte de la comunidad iraní en el país, para desviar la atención de la causa AMIA hacia grupos de ultraderecha nacionales. Pero esta denuncia, en realidad, nunca fue realizada ante un juzgado y no resulta una conducta punible.

No existen pruebas reales de una posible e increíble conexión entre la Presidenta, un exjuez devenido en empleado de Inteligencia, la comunidad iraní y funcionarios de alto rango. Además, es incoherente que si el fiscal sabía de esto en 2012, por qué no lo denunció anteriormente.

Vale destacar que Nisman estaba al frente de la unidad fiscal con mayor cantidad de herramientas para la investigación. En 2014, contó con un presupuesto de 24 millones de pesos, que fueron otorgados por el mismo gobierno que él ahora denuncia.


EL PACTO DE CANCILLERES

Otra acusación es la de un pacto entre Timerman y su par iraní en Siria, donde habrían sellado el acuerdo. Pero esto surgió de los supuestos dichos de un periodista recientemente fallecido y de los cuales no hay ningún tipo de prueba fehaciente que lo acredite. Tampoco hay ningún documento, texto, firma, audio, video, ni nada que lo constate o lo registre.

ESCUCHA 1

Nisman denunció una escucha donde un dirigente argentino-iraní, Alejandro Khalil, aseguraba que la Secretaría de Inteligencia iba a levantar los alertas rojos. Según el fiscal fallecido, sería por expresas órdenes de la presidenta a través de sus funcionarios.

Más allá de la gravedad de no haberlo informado anteriormente al juez Canicoba Corral, Nisman afirma no tener escuchas ni de Cristina Fernández de Kirchner, ni del diputado Larroque, que figuran como acusados. Según afirmó, en las escuchas aparecía también Luis D'elía y Fernando Esteche. Ninguno de los mencionados, son funcionarios del gobierno nacional. Por eso, su intento de imputación hacia la presidenta queda claramente desarticulada.

LOS AGENTES FALSOS

Tanto Ramón Allan Héctor Bogado (mencionado como quien estaba en contacto con Khalil) y el ex juez Héctor Yrimia (quien habría participado del complot local con funcionarios argentinos), ambos nombrados por Nisman en sus acusaciones como empleados del Servicio de Inteligencia.

Oscar Parrilli, titular de la Secretaría, confirmó que ninguno de los nombrados pertenecen como personal de Inteligencia, ni fueron contratados, ni tampoco del gabinete de personal transitorio. Por lo tanto, esa pista, fue una información falsa que llegó a las manos del fiscal.

ESCUCHAS 2

El material no tiene carácter probatorio y, tal como dijo el juez de la causa AMIA, Canicoba Corral, :"¿Qué garantías tenemos con éstas cintas que produce la Secretaría sabiendo cómo es la actividad de la Secretaría?". Por lo tanto, este material pierde seriedad y validez.