Una verdadera militante Pro que se adapta a las circunstancias. A partir de su designación por decreto, los primeros cuestionamientos se basaron en la falta de ecuanimidad de Alonso, por ser una reconocida militante del macrismo, un interés que claramente choca con la función de la Oficina Anticorrupción, que debe controlar. Además, durante los doce años de gobierno kirchnerista, la diputada criticó duramente los decretos de necesidad y urgencia por degradaban la democracia; ahora, con el Pro en el gobierno, parece que cambió de parecer.

No cumplía los requisitos mínimos. Según la normativa vigente, Alonso estaba impedida de asumir por no tener seis años en el ejercicio de la profesión de abogado o idéntica antigüedad profesional en el Ministerio Público o en el Poder Judicial. El objetivo de cuidar a sus hombres, hizo que su posición en la OA tuviera a alguien de extrema confianza con Mauricio Macri. Solo hizo falta derogar una norma.

El primer papelón. Como diputada del Pro encabezó fuertes denuncias al kirchnerismo sobre la difusión de contratos con las petroleras, pero al tener el poder para demostrar sus sospechas, determinó avalar la permanencia en secreto de la información que antes exigía sobre el convenio entre las petroleras, tras considerar que la empresa argentina “ha fundamentado razonablemente el alcance de las excepciones invocadas”.

El segundo papelón. Con el estallido de Panamá Papers, su reacción fue claramente la de una militante y no la de una funcionaria que controla la corrupción en el estado. Macri fue señalado como titular de una sociedad offshore en Bahamas y su tuit fue: "Constituir sociedad en paraíso fiscal no es delito en sí mismo".

Cajoneó denuncias contra Macri y otros funcionarios de Cambiemos. El retraso en la investigación de las denuncias presentadas contra el Presidente y contra el Ministro de Energía, Juan José Aranguren, por la implementación del tarifazo energético y las millonarias licitaciones con la petrolera Shell, llevó a que diputados del FpV la señalen como cómplice.

Una 'ayudita' profesional. Como si ocupara el rol de 'asesoramiento para cometer ilícitos', Alonso aconsejó a los ex CEOS para que deleguen sus firmas “hacia arriba o hacia el costado” y así evitar conflictos de intereses con las empresas en las que se desempeñaban, antes de cumplir funciones públicas, y sean penalizados por la Ley de Ética Pública.