Un decreto presidencial que le modifica la vida a unas 40 personas pero que por su carácter populista fue anunciado con pompas y circunstancias fue finalmente publicado en el boletín oficial y le puso fecha de vencimiento a esos cargos que nunca debieron haber sido ocupados por familiares por una cuestión de ética.

El artículo 1º del decreto publicado hoy, determina que no se podrán contratar "en todo el Sector Público Nacional a quienes tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado, con el Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de Ministro".

Los familiares que tengas este vínculo deberán irse antes del 28 de febrero.

"En general la idea es poder construir calidad institucional a partir de definir reglas, como también se planteó en su momento con el decreto de conflicto de intereses. Son reglas que antes no existían y que ayudan a interpretar la demanda de la sociedad", había manifestado el jefe de Gabinete, Marcos Peña después de haber nombrado a al menos 3 familiares directos.

Peña ahora quiere que dicha medida "se extienda" a otros lugares, como lo planteó Macri, con la finalidad de lograr "una política más transparente y profesionalizada" en todos los ámbitos de la administración pública.

"Del mismo modo, queremos reforzar la valoración de toda la gente que vamos a perder y que estaba allí por su capacidad e idoneidad. Pero creemos que era necesario dar este paso de calidad institucional", puntualizó.

El ministro Andrés Ibarra negó además que el DNU sea una respuesta directa a la polémica por el caso del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, al señalar que "este tipo de medidas la veníamos trabajando hace tres meses" y agregó: "Estamos más lejos de ciertas especulaciones mediáticas o políticas porque la Argentina necesita hoy que tomemos decisiones rápido. Esperamos que muchas administraciones copien el tema".