La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue presentada por Cristina Fernández de Kirchner el Día de la Radiofonía, el 27 de agosto, en homenaje a los "Locos de la Azotea", aprobada en la Cámara de Diputados con 147 votos afirmativos y en el Senado, con 44.

En la foto que acompaña la nota, puede verse junto a la jefe de Estado a exaliados, tanto en los palcos como en el mismo estrado. Es que ha pasado tanta agua bajo el puente en la política del país, que hoy quienes fueron parte de aquella noche histórica, son oposición y se lamentan del fallo favorable de este martes.

Las trabas para la ley de medios comenzaron en tribunales el 26 de octubre de 2009, dos semanas después de haber sido sancionada en la cámara de Senadores, cuando el Grupo Clarín presentó un pedido de inconstitucionalidad contra varios artículos.

El 15 de diciembre, el exmagistrado Edmundo Carbone dictó aquella famosa medida cautelar que frenó su aplicación. El Grupo Clarin reforzó sus trabas para que no se aplique con las decisiones de los jueces federales de Salta, Miguel Antonio Medina, el 17 de diciembre, y de Mendoza, Olga Pura de Arrabal, cuatro días después, que sostiene aún la Cámara Civil y Comercial.

A este mecanismo, la presidenta Cristina Fernández la definió como "Justicia Cautelar". Así toleró casi cuatro años, hasta que a fines de agosto pasado, la batalla judicial tuvo su escena de película en la Corte, cuando expusieron las partes en una audiencia pública.

Allí, la actuación del Grupo Clarín y sus amicus curiae cometieron errores de gravedad argumental, como admitir que su red de cable no es indivisible, como sostuvo en el expediente, y arrogarse ser los únicos garantes de la libertad de expresión. En cambio, el nombre de Graciana Peñafort, una de las abogadas del Estado, se destacó en aquella jornada y hasta corrigió a los propios ministros de la Corte.

En estos cuatro años y veinte días, pese a la indefinición sobre la constitucionalidad de los artículos 45 y 161 de la ley de medios, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), avanzó en algunos de los ejes no cuestionados judicialmente.

Primero con Santiago Aragón y ahora con Martín Sabbatella, la Afsca aplica parte de la Ley, sobre todo en la entrega de licencias a radios de frecuencia modulada y a canales de televisión como el mapuche en Bariloche.

De esta manera, 210 radios comunitarias ya tienen autorizado su funcionamiento, se crearon 167 radios en escuelas primarias y secundarias, 36 licencias de televisión se concedieron a Estados provinciales -12 analógicas y 24 digitales-, se abrieron 34 radios y un canal de televisión de pueblos originarios, y 53 radios FM se adjudicaron a Universidades.

Desde que se sancionó la ley, Afsca otorgó 969 autorizaciones y licencias de radio, tv abierta y tv paga, en tanto que 1052 frecuencias de radio fueron llamadas a concursos públicos, 1132 ya están reservadas para municipios en todo el país y se presentaron más de 500 solicitudes para emisoras de baja potencia en zonas de alta vulnerabilidad social.

Por otra parte, existen 52 nuevos cableoperadores cooperativas, que producen 2800 horas diarias de programación propia, que se sumaron a un sector que cubre el 65 por ciento del territorio nacional y que tiene iniciativas, impulsadas por la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) y el programa Usina de Medios, para continuar su crecimiento en todo el país.

Con el fomento del Estado, principalmente a través del Ministerio de Planificación y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), se produjeron 5900 nuevas horas de contenidos que crearon más de 100.000 nuevos puestos de trabajo en el sector audiovisual y desarrollaron una política federal, con la realización por primera vez de miniseries en las provincias.

Así, se busca contrarrestar el hecho de que hasta la sanción de la ley, el 85 por ciento de los contenidos se producían en el área metropolitana Buenos Aires, una realidad que ejemplificó en el 1º Encuentro de Comunicación Audiovisual, en 2011, un realizador chaqueño cuando contó la realidad de su provincia: “Puse las cámaras y los alumnos empezaron a hablar en porteño.”

La aparición de nuevos lenguajes e historias está previsto en la ley medios, a través de la obligación de que el 60 por ciento de los contenidos sean de producción local, pero se trata de desandar una realidad que aún se impone, por ejemplo, en que los canales de noticias que se generan en territorio porteño llegan a todo el país, y no así la señal de la Universidad Nacional de Córdoba, cba24n.

El caso de cba24n forma parte de una situación extendida que es la violación por parte de Cablevisión, del Grupo Clarín, a la grilla dispuesta por la Afsca y a subir señales a su sistema de cable, a pesar de los fallos judiciales que así lo ordenan.

Similar es la situación de la Cooperativa Eléctrica de Zapala, que en 1967 fue la primera entidad sin fines de lucro en tener un canal de televisión y brindar un servicio por suscripción, pero en 1982 la dictadura le quitó este derecho -con el decreto ley de Radiodifusión en mano- y a partir de la ley de medios creó un canal de aire, TV13Coop, que Cablevisión se niega a incluir a la grilla.

El sector cooperativo junto a los sindicatos, las organizaciones sociales, políticas y defensoras de los derechos humanos son la columna vertebral sobre la que se creó en 2004 la Coalición por una Radiodifusión Democrática para impulsar una nueva ley basada en la coincidencia sobre 21 Puntos, y la diferencia entre este proyecto y todos los anteriores fue la iniciativa de presentarla de la Presidenta.

Desde sus primeros pasos, en el verano de 2009 con sus debates en borradores hasta la sanción, el 10 de octubre, la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tuvo más de 200 modificaciones, a partir de los debates en foros en todo el país y de su tratamiento legislativo, donde por pedido de la centroizquierda se dejó afuera a las telefónicas y, antes, ya en los borradores, se había omitido incluir a los diarios, como tiene la legislación norteamericana.

Una norma debatida en foros de todo el país durante casi un año, defendida en Comisiones por Gabriel Mariotto y su equipo, aprobada por la cámara de Diputados primero, y por la de Senadores luego, por un margen de 42 a 24, no debió haber esperado más de cuatro años para reconocérsela como constitucional.