La oposición se hace la distraída con el posible levantamiento del alerta roja
Luego de que en el marco del acuerdo nuclear entre los Estados Unidos, la comunidad europea e Irán trascendiera la posibilidad de que se levante el alerta roja de Interpol a uno de los acusados del atentado a la mutual argentina, no se escucharon voces de preocupación de parte de la oposición ni de la comunidad judía.
Ayer luego de la aparición de dicha información en el Wall Street Journal, la cancillería argentina encabezada por Héctor Timerman consultó con preocupación a Washigton sobre la posibilidad que como parte del acuerdo firmado entre Irán y el llamado G5 + 1 se contemplara de dar de baja el pedido de captura internacional de Ahmad Vahidi, uno de los acusados del atentado a la AMIA en 1994.
Sin embargo, la publicación de la noticia en el matutino estadounidense parece no haber inquietado a las voces opositoras al gobierno que durante meses fogonearon la acusación a la presidenta Cristina Fernández como culpable de “encubrimiento” solo por impulsar un Memorandum de entendimiento con la República Islámica para avanzar en la investigación por años estancada.
Esta vez, los más feroces custodios de las alertas rojas de Interpol brillaron por su ausencia. En tal sentido se pronunció el periodista Gustavo Sylvestre, que en su programa de radio desplegó una extensa editorial en su programa de radio, para destacar el doble estándar que ejecuta los detractores del gobierno en este tema.
Este jueves, el jefe de gabinete Aníbal Fernández se preguntó con cierta ironía ante los periodistas si los fiscales "Germán Moldes, Gerardo Pollicita o Ricardo Sáenz van a presentar una denuncia contra Barack Obama".
El ministro comparó de esta forma el memorándum de entendimiento con el pacto nuclear y la actitud de los fiscales que impulsaron, de manera formal o en sus posiciones públicas, la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA.
Según la hipótesis de Nisman, el pacto con Irán, que establecía la conformación de una "Comisión de la Verdad" como paso previo a facilitar las indagatorias a los acusados iraníes, escondía un acuerdo secreto con el objetivo de encubrir la responsabilidad de los funcionarios extranjeros, con el consiguiente levantamiento de las alertas rojas solicitadas por la Justicia argentina e impuestas por Interpol en 2007.