Dos jueces federales intimaron al gobierno nacional para que presente un informe sobre el decreto firmado por el presidente Mauricio Macri por el que se le permitió a familiares de funcionarios ingresar al blanqueo de capitales cuando una ley del Congreso de la Nación lo prohibía expresamente.

Se trata de dos expedientes que iniciaron la asociación civil "Abogados por la Justicia Social", a cargo de Rita Ailán, y el diputado nacional del Frente Renovador Felipe Solá, que lleva Esteban Furnari.

Los magistrados aplicaron la nueva ley de medidas cautelares por la cual, ante una demanda contra el Estado, se le debe informar del proceso para que presente un informe y conteste el reclamo en su contra.

La jueza Ailán envió un oficio al para que en el plazo de cinco días se presente el informe. Mientras que el juez Furnari tomó la misma decisión para que en tres días el Poder Ejecutivo conteste.

Las objeciones al decreto están fundadas en que contradice lo que el Congreso había aprobado en mayo y que excluía expresamente a "los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados" de quienes entre el 1 de enero de 2010 a la actualidad hayan sido "Presidente y vicepresidente de la Nación, gobernador, vicegobernador, jefe o vicejefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o intendente municipal" o personal de organismos de inteligencia.

A fines de noviembre Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el saliente ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, firmaron el decreto 1206 por el cual se estableció que los familiares podrán ingresar al blanqueo "exclusivamente respecto de los bienes que acrediten se encontraban incorporados en su patrimonio con anterioridad a la fecha" en que los funcionarios ingresaron a la función.