Presionado por la Justicia, el Gobierno comenzó con la distribución de los alimentos que tenían incautados y que aseguraban que no existían y que no se estaban venciendo. Pero no sólo avisó que no distribuirán todo sino que tampoco cumplieron con la orden de presentar un plan para su distribución.

Ahora la Cámara convalidó todo lo actuado por el juez Casanello y los instó a presentar un plan, dejando en claro que seguía existiendo la presunción de un delito por parte del Gobierno nacional.

Lo cierto es que a menos de seis meses de haber asumido el poder, La Libertad Avanza enfrenta acusaciones de corrupción que ya están siendo investigadas por la Justicia.