"Para mí la orden tenía que venir del Presidente (por entonces Mauricio Macri); el objetivo era escuchar online" como parte del "espionaje ilegal", evaluó la funcionaria en declaraciones a la prensa antes de ingresar a los tribunales federales de Retiro.

Caamaño entregó un escrito al actual juez que lleva la causa por "espionaje ilegal" que hasta el año pasado se investigó en Lomas de Zamora, Marcelo Martínez De Giorgi.

En ese escrito al que tuvo acceso Télam, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia advirtió que "puede verificarse que, en la práctica, las escuchas durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, de la mano del Director General (de la AFI), Gustavo Arribas y la Subdirectora General, Silvia Majdalani, volvieron a la órbita de la Agencia Federal de Inteligencia".

Esto implicaría una "flagrante contradicción con lo dispuesto por la Ley N° 25.520 y su modificatoria, Ley N° 27.126", se agregó en relación a la Ley de Inteligencia.

La existencia de esos archivos había sido informada por la AFI a la justicia de Lomas de Zamora pero nunca fueron solicitados, pese a que están preservados y "a entera disposición a efectos de coadyuvar en la presente pesquisa", se explicó ahora a Martínez De Giorgi.

Según detalló en el escrito y explicó la funcionaria a la prensa, esas escuchas se obtuvieron mediante un sistema "punto a punto" que la gestión del macrismo en la AFI implementó con la Dajudeco, el organismo a cargo de las escuchas judiciales que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

"Es preciso resaltar que la información que se ordenó resguardar forma parte de un procedimiento gestionado enteramente por las máximas autoridades de este Organismo entre los años 2016 y 2019", se destacó en el escrito.

A través del entonces Servicio Jurídico de la AFI "se requerían intervenciones telefónicas ante los magistrados a cargo de distintas investigaciones"

Posteriormente "diligenciaban la autorización judicial pertinente ante la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial de la Nación (Dajudeco), para finalmente recibir el material a través de un sistema de contenido de audios y transcripciones que funcionaba en un servidor ubicado en el Organismo".

"Dicho sistema implicaba una conexión de enlace tipo punto a punto que conectaba la Dajudeco con la Agencia Federal de Inteligencia", agregó.

Mediante el enlace, "los audios eran enviados directamente al Organismo desde donde el Servicio Jurídico, en principio, procedía a la transcripción de las comunicaciones recibidas y luego se las derivaba al área que se encargaba de su análisis".

La información obtenida "mediante la interceptación telefónica impulsada por la AFI y efectivizada por la Dajudeco era recibida prácticamente en tiempo real, toda vez que las ‘escuchas’ eran transferidas a más tardar al día siguiente de realizadas en un formato de archivo zip’", explicó.

"En resumen, la Agencia encabezaba la pesquisa ante la autoridad jurisdiccional, impulsaba la interceptación telefónica, trasladaba la orden judicial a la Dajudeco, procedía a la transcripción, procesaba la información y, tanto el audio como la transcripción, se almacenaban, sin gestionar ante la autoridad pertinente el destino final del material almacenado", detalló.

Esto se habría hecho "a pesar de que en muchos casos podría no resultar de interés para las causas de referencia".

"Creo que la AFI macrista, además de no haber destruido estos 105.000 archivos que se supone que todos tienen un requerimiento judicial, lo que hizo Arribas con una resolución fue más o menos convertirse en juez, él le pedía a la Justicia y la Justicia daba la autorización", refirió Caamaño en sus declaraciones periodísticas.

En la AFI están preservadas "un montón de escuchas que no se destruyeron. Quiero que el juez Martínez De Giorgi sepa eso", agregó.

Caamaño recordó que la Dajudeco depende de la Corte que debería "obviamente" haber "avalado" este procedimiento

El 24 de diciembre de 2015, el entonces presidente Macri firmó un decreto por el cual sacó las escuchas telefónicas de la órbita de la Procuración General de la Nación y esa tarea quedó encomendada a la Dajudeco.