La Inspección General de Justicia aseguró que todo lo que hizo Macri con su fideicomiso ciego fue irregular. 

En principio la figura del fideicomiso ciego no existe en Argentina, que Macri en su declaración jurada como Presidente puso un patrimonio con un monto de fantasía que era varias veces menor a la realidad y no incluyó todos sus bienes.

Además Macri recibió 54 millones de pesos en cuatro transferencias que para la IGJ son ilegales.

En el contrato del fideicomiso figura que Macri quería “evitar conflicto de intereses y otorgarle transparencia a la administración de su patrimonio durante todo el período en que ejerza el cargo de Presidente de la Nación Argentina”. Pero la IGJ encontró varias irregularidades.

La IGJ afirma que “era imposible que pudiera dar transparencia a la administración de su patrimonio” cuando “Macri no aportó todo su patrimonio personal sino una parte muy reducida de este” y dejó afuera varias firmas y 18 millones de pesos que tenía en Bahamas y que aseguró que había traído al país.

Macri eligió para cuidar esa parte de su patrimonio a Seguridad Fiduciadia SA, una empresa privada fundada por Carlos Marcelo D’Alessio, su escribano de Gobierno y tío del espía ilegal por el que investigan al periodista Daniel Santoro.

Las 4 empresas que incluyó Macri (Agro G, 4 Leguas, Molino Arrocero del Río Guayquiraró y Maria Amina) no eran, para la IGJ, “estrictamente hablando, verdaderas sociedades, sino meros esquemas societarios que encubrían la actividad agropecuaria unipersonal el empresario José Alberto Andrés Uriburu”.

Las empresas no daban dividendos excepto Agro G, que le transfirió 54 millones de pesos a Macri en una maniobra que para la IGJ es ilegítima.

El origen de esos 54 millones de pesos era otra empresa, Latin Bio, donde Juliana Awada, la esposa de Macri, tiene el 20,25% de las acciones, según reconstruyó la IGJ.