Tras celebrar su primer acuerdo luego de la muerte de Carmen Argibay, los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni, señalaron que la Corte "sigue funcionando normalmente".

Mediante un comunicado los jueces señalaron que "la Corte quiere transmitir tranquilidad a la sociedad. Estamos afectados por la muerte de Carmen pero institucionalmente todo sigue funcionando normalmente”.

Con el lamentable deceso de Argibay, los jueces del tribunal serán seis. Al momento no hay expedientes en los que las opiniones estén divididas tres y tres. Pero si ello ocurriera, explicaron fuentes del tribunal, “hay que buscar consenso para una mayoría”.

La aclaración fue realizada debido a especulaciones que vertieron algunos medios sobre la posibilidad de designar conjueces para un eventual desempate. Esto no puede ocurrir porque la Corte tiene prevista por ley una formación de cinco miembros, de modo que la vacante de Argibay no se cubrirá, ni con jueces titulares ni con suplentes.

Por otra parte, el tribunal ratificó que la Oficina de la Mujer, que dependía de Argibay, seguirá funcionando como hasta ahora, en tanto que los secretarios y empleados de la vocalía de la difunta jueza serán redistribuidos en las secretarías del máximo tribunal, de acuerdo a la especialidad de cada uno.

Por qué se modifica el número de Magistrados

La compleja historia política también repercutió en el devenir de la cantidad y la forma de elección de los miembros de Corte Suprema. Los cambios principales de las últimas décadas tienen que ver con las modificaciones que produjo Carlos Ménem en los `90 y la posterior recuperación de la credibilidad de la Justicia a partir de la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia en 2003.

La Corte fue expandida de los tradicionales cinco miembros a nueve durante la década del 90 mediante la Ley Nº 23.774. Cinco de los mismos fueron escogidos por el entonces presidente Menem. Jorge Bacqué, miembro de la Corte al momento de la reforma, renunció en oposición a la medida, al igual que el entonces Presidente del Tribunal, José Severo Caballero.

De este modo la Corte Suprema se volvió afín a los intereses del menemismo. Muchos de sus miembros fueron acusados de conformar una "mayoría automática" que siempre fallaba a favor de los intereses del gobierno.

Durante el 2003, año en que asume la presidencia Néstor Kirchner, los magistrados Julio Nazareno, Adolfo Vásquez y Guillermo López renunciaron ante la posibilidad de resultar destituidos por juicio político, mientras que Eduardo Moliné O'Connor fue removido de su cargo a fines de este año.

Desde el 19 de junio de 2003, por decreto presidencial, todos los candidatos a integrar la Corte Suprema deben pasar una etapa de exposición pública que tiene que presentar el Poder Ejecutivo en los principales medios de comunicación de todo el país. El currículum del nominado (o los nominados) debe ser publicado y promocionado en el sitio web del Ministerio de Justicia y puede ser discutido por ONGs, asociaciones de Derecho, universidades, organizaciones de Derechos Humanos, y cualquier ciudadano que así lo desee. Luego de un período de tres meses, el Presidente, sopesando los apoyos y rechazos a la candidatura, queda habilitado para presentar la nominación al Senado, que debe decidir si aprueba o no que la persona propuesta por el Presidente forme parte de la Corte, necesitándose -por imperativo constitucional- una mayoría de dos tercios para dicha aprobación.

La renovación de la Corte Suprema de Justicia durante los primeros años del gobierno de Kirchner, con la designación del Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni en 2003, y de las Dras. Elena Highton de Nolasco y Carmen María Argibay en 2004, brindó mayor independencia al Poder Judicial y equilibra la Corte tanto ideológicamente como por género.

Luego de la destitución de Antonio Boggiano, en septiembre de 2005, y a raíz de la coetánea renuncia del juez Augusto Belluscio —uno de los tres, junto con Carlos Fayt y Enrique Petracchi, que conformaban el tribunal desde la restauración democrática de 1983— la Corte Suprema mantuvo desde octubre de 2005 dos vacantes en su integración, lo que le impidió formar mayoría para resolver muchos casos de importancia donde había opiniones encontradas entre los magistrados.

El gobierno de Néstor Kirchner impulsó una ley que volvió a dejar el número de jueces de la Corte en los históricos cinco miembros. No altera la composición actual, por lo que de momento su integración permanece y se irá reduciendo en la medida en que se produzcan las vacantes. Fue aprobada por el Congreso y promulgada el 18 de diciembre de 2006, como ley 26.183.

Respecto de la duración en el cargo, la Constitución de 1994 dispone (art. 99, inc. 4, párrafo 3º) la exigencia de un nuevo nombramiento una vez cumplidos los 75 años, y por el plazo de cinco años, pudiendo ser renovado indefinidamente. Pese a ello, esta disposición no es de aplicación, porque la misma Corte Suprema la reputó como inválida cuando falló sobre la cuestión en el cuestionado caso "Fayt" (1999). En consecuencia, sus magistrados sólo pueden ser removidos de sus cargos por un proceso de juicio político, llevado a cabo en el Senado (mediando acusación a cargo de la Honorable Cámara de Diputados) por mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones o crímenes comunes (art. 53 C.N.).

Por esta razón y a diferencia de sus colegas que fallaron en este caso de manera corporativa, el juez Eugenio Zaffaroni anunció que renunciará en diciembre porque en unos meses cumplirá 75 años "y ese es el límite que dice la Constitución", según señaló el propio Magistrado.

De este modo, es posible que para fin de año los miembros de la Corte lleguen a cinco, recuperando el número histórico de Magistrados.