Luego de la declaración de la semana pasada de la exmandataria Cristina Fernández ante el juez Julián Ercolini, los fiscales Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita pidieron que se abra una nueva causa ante la posibilidad de un posible delito por parte del gobierno de Mauricio Macri. 

Los fiscales pidieron una investigación sobre el decreto 797, del 16 de junio, por el cual el líder de Cambiemos asignó 45.000 millones para la finalización de la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento. La obra había sido asignada para Ghella, Odebrecht, Comsa e Iecsa, la empresa de Angelo Calcaterra, el primo de Macri.

Según en la declaración de CFK, Macri reconoció a su primo un precio superior al que tasaron quienes controlan los trabajos, y comprometió al Estado en el financiamiento, contrario lo previsto en la licitación. 

Ahora el juez Ercolini mandó a sorteo el caso y recayó en el juez federal Sebastián Ramos, según fuentes judiciales.

La investigación apunta a determinar si se cometió un delito porque gracias a un Decreto de Necesidad y Urgencia el soterramiento será financiado por el gobierno nacional a pesar que el contrato establecía que eran las empresas quienes debían disponer del dinero.