El expresidente de Bolivia, Evo Morales, se quejó de la falta de transparencia del Tribunal Electoral de su país y consideró que la sentencia con la que impugna su candidatura a senador por Cochabamba "es un atentado contra la democracia".

"Tienen miedo a la democracia (...) No garantizan una elección transparente y se someten a la dictadura y a la política norteamericana", sostuvo Morales en una conferencia de prensa que ofreció en el auditorio de un hotel en Buenos Aires.

Sentado en el escenario junto a dos de sus abogados, el ex dirigente cocalero recordó que esta no era la primera vez que lo persiguen e hizo un breve repaso de las situaciones en las que se enfrentó a decisiones autoritarias.

"Me obligan a no ser candidato (a Presidente), lo acepto. Todo por Bolivia. Pueden hacer lo que quieran conmigo, pero que no destrocen la democracia.

Que no destruyan a Bolivia", expresó el dimitido mandatario.

En ese sentido, lamentó que en los tres meses que llevan en el gobierno, las autoridades de facto "empezaron a destruir la economía, paralizaron obras y eliminaron bonos" de ayuda a las familias.

Por otro lado, subrayó que el Movimiento Al Socialismo (MAS) ganó en primera vuelta las elecciones, el 20 de octubre último, y aseguró que "el verdadero fraude es el informe de la OEA (Organización de Estados Americanos)", dado que otros organismos internacionales y algunas universidades sostienen que no hubo fraude.

En ese sentido, el ex juez de la Corte Suprema argentina Raúl Zaffaroni, uno de sus representantes legales, subrayó que a Morales "se lo acusa de un fraude electoral que el informe final de la OEA no ratifica".

"Lo único que denuncia ese informe son irregularidades en menos de 200 mesas electorales sobre 35.000", algo que "no alteraba de ninguna manera el resultado", sostuvo el jurista, para quien ese fue "el pretexto que utilizaron para dar el golpe de Estado".

Zaffaroni agregó que sospechan que ahora "el fraude está viniendo por vía de proscripciones" y alertó que ninguna candidatura está firme aún dado que la fecha límite para impugnarlas es el 18 de abril, 15 días antes de las elecciones.

"El propio candidato a presidente (Luis Arce) podría ser inhabilitado", advirtió Zaffaroni y sostuvo que eso se da "en un Estado de no derecho", tras lo cual señaló la detención de la apoderada de Evo Morales, Patricia Hermosa, cuando iba a presentar su postulación o la clausura de la oficina central del MAS.

Sobre esto último, Zaffaroni remarcó que el TEJ tiene en su poder el listado de afiliados al MAS, una herramienta con la que temen que "depuren los padrones".

"Si en la depuración de padrones se eliminaran unos 70.000 votantes se le resta un 1% al MAS", explicó Zaffaroni antes de denunciar que las autoridades de facto de Bolivia están "fomentando actitudes discriminantes en sentido clasista y racista".

La propia presidenta de facto, Jeanine Áñez, a quien se refirió como la senadora de mandato vencido, "ha hablado de que 'no pueden volver (a gobernar) los salvajes'".

"Los que se salen del derecho son los otros", sentenció el jurista argentino quien remarcó que le han "aconsejado a Evo Morales agotar todos los recursos jurídicos".

El otro abogado presente, Raúl Ferreyra, también se refirió a la situación irregular de Bolivia al considerar que "es un estado de no derecho, es un Estado que se ha salido del mundo" y que se "caracteriza por el uso de la fuerza bruta e irracional".

Agregó que un hecho que lo demuestra es "la sentencia inédita en todo el mundo del derecho constitucional" de prorrogar el mandato de "una dictadora y de la asamblea legislativa" en una fallo en enero pasado.

Asimismo, se refirió al "increíble" argumento con el que el TSE impugnó la candidatura a Senador de Evo Morales: no residir en Bolivia.

Ferreyra recordó que en 2018, el propio Tribunal Constitucional de Bolivia, en un caso presentado por una opositora a Morales, sentenció que el domicilio tiene que ser elegido voluntariamente por el candidato.

"Evo Morales debió salir de Bolivia porque iba a ser asesinado", remarcó el letrado y agregó que el derecho internacional y la ley fundamental de Bolivia avalan su candidatura.