En la presentación, el gobierno nacional describió como "erróneas" las decisiones tomadas por los tribunales inferiores de Manhattan que -de ser finalmente convalidas por el máximo tribunal- impedirían a nuestro país "efectuar el pago de los cupones de deuda en cumplimiento (de obligaciones), que se está pagando en tiempo y forma conforme a sus términos, a menos que pague en su totalidad a los acreedores que se negaron a participar en la reestructuración" instrumentada en 2005 y 2010.

Esto responde a la orden adoptada primero por el juez neoyorquino Thomas Griesa y luego ratificada por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que establece un método de pago a los tenedores de bonos que no ingresaron en los canjes de deuda, por un monto aproximado de 1.330 millones de dólares como resarcimiento del 100 por ciento de los bonos en situación de default que mantienen en su poder.

El método de pago contempla el uso de fondos destinados para pagar a los bonistas que sí ingresaron a las reestructuraciones de 2005 y 2010.

La petición fue entregada hoy al máximo tribunal en Washington dado que ayer -lunes-, fecha establecida por los tiempos del proceso, la administración federal estuvo cerrada por el feriado nacional del Día de los Presidentes.

En el escrito, Argentina afirma que las decisiones de la justicia de la Gran Manzana "violan la soberanía" del país.

Esto, ocurre "al intentar coaccionarla a pagar a los demandantes con reservas que gozan de inmunidad soberana", indicó el ministerio de Economía a través de un comunicado.

Así, "debido a que no existe un régimen de quiebras para Estados soberanos, Argentina siguió la práctica internacional y reestructuró exitosamente casi el 93% de su deuda, cumpliendo desde entonces con los pagos a los tenedores de bonos", señaló el documento entregado a la institución integrada por un total de nueve jueces.

La petición presentada por el gobierno argentino contó con la asistencia del experto en causas ante la Corte Suprema y ex procurador General de los Estados Unidos, Paul Clement, y del estudio de abogados Cleary Gottlieb & Hamilton.

La nota destacó además que "Argentina nunca ha repudiado su deuda y se ha comprometido a tratar a todos los bonistas de manera equitativa, incluidos los litigantes".

Asimismo, resaltó que "las consecuencias de este caso trascienden a la República Argentina" ya que de no revertirse los fallos de los tribunales inferiores "podrían tornar virtualmente imposibles futuras reestructuraciones de deuda soberana" así como impedirían el adecuado funcionamiento de los mercados internacionales de capitales".

También "pondrían en riesgo el estatus de Nueva York como uno de los principales centros financieros globales y afectarían negativamente las relaciones internacionales", agregaron los representantes del gobierno argentino.

En ese sentido, el mismo Fondo Monetario Internacional (FMI) había emitido en el mes de mayo un "paper" en el que advirtió que las decisiones de la Justicia estadounidense "podrían tener implicaciones para las reestructuraciones de deuda soberana".

Además, "podrían probablemente dar a los tenedores de bonos que no ingresaron al canje mayor ventaja y hacer el proceso de reestructuración más complicado", dijeron en esa oportunidad  desde el organismo multilateral.

Por último, el gobierno argentino manifestó en su presentación al máximo tribunal ubicado frente al Capitolio estadounidense, que los fallos "amenazan en forma manifiesta el bienestar de la República Argentina y sus ciudadanos, así como el de innumerables tenedores de deuda argentina en cumplimiento".

Los representantes de Argentina y de los holdouts, llevarán adelante un nuevo paso dentro del litigio el próximo 21 de abril cuando acudan a una audiencia convocada por la Corte Suprema en relación a otra causa introducida por los fondos buitre, que contempla un pedido de información de activos de Estados extranjeros.