Otra promesa del macrismo que se va con el humo. Parece que la famosa "lucha contra el narcotráfico" de la que tanto se vanagloria Patricia Bullrich no es más que un conjunto de muchachos que fueron apresados con apenas unos gramos de marihuana en el bolsillo, o fumando un porro en algún espacio público.

Según un estudio que analizó todas las causas que radican en la Fiscalía Federal Nº6 de Comodoro Py a cargo de Federico Delgado, el 80% de las mismas no tienen que ver con grupos narcotraficantes o terroristas o grandes organizaciones criminales que están implicadas en la venta de drogas. Nada de eso.


Sino que, los casos por tenencia para consumo personal crecieron considerablemente desde la llegada del nuevo presidente y su política represiva con las fuerzas de seguridad. Así los casos fueron en aumento.

En 2015, de 432 causas que existían en la fiscalía, 195 fueron por tenencia para consumo. A principios de 2016, en cambio, de 453 expedientes 250 fueron por el mismo tema. Ya para fines del año pasado la cifra alcanzó un récord: 301 causas. O sea, el 77% de los expedientes que el fiscal tenía que barajar.

Así, para la Fiscalía Nº6, resolver las situaciones de jóvenes detenidos por un puñado de porros se volvió el 83% de su carga total de trabajo, una disparada del 20% con respecto al primer semestre del año pasado, según afirmó el propio Infobae.

Como dato adicional, vale la pena destacar que ninguna de estas causas prosperó, ninguno de estos consumidores (por suerte) terminó indagado o procesado, ya que tal como apuntó Delgado, desde el precedente 'Arriola' de la Corte Suprema, estos procesos terminan archivados.

Por lo tanto, la inversión económica y la energía humana que se consume en todo el proceso que va desde la detención del infractor, la confección del sumario en papel, el ingreso al sistema  judicial y el archivo del expediente, son en vano.

Pero hay un dato más llamativo, que apoya esa política neoliberal represiva, y que representa un tema delicado en la opinión pública: Un 25% de las causas se originaron por un pedido de documentos y una posterior requisa bajo el pretexto de "actitud sospechosa".