Investigan los fondos porteños enviados a las ONGs de Eduardo Amadeo
Tanto la Asociación Civil Observatorio Social, constituida en 1999, como la Asociación Civil Argentina de Políticas Sociales, 2001, no habrían presentado balances ni informes correspondientes.
Desde la Legislatura porteña investigan los detalles de los subsidios y convenios otorgados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a dos ONGs presididas por el candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Cambiemos, Eduardo Amadeo.
La diputada Gabriela Alegre (FpV) relató a Télam que "el caso Amadeo surgió porque investigamos a partir de las propias declaraciones que él hizo en televisión, donde se jactaba de que él tampoco tenía transparentado ningún contrato con el Gobierno de la Ciudad, cuando nosotros sabíamos que había dos ONG con el mismo domicilio fiscal, que habían recibido dinero proveniente del gobierno porteño".
"Fuimos a constatar la información y descubrimos que existen 44 convenios y subsidios entre el año 2008 y 2015 entre las partes, de las cuales, sólo cuatro están publicados en el boletín. El monto por esas transferencias alcanza una suma cercana a los cuatro millones de pesos", resaltó la diputada.
Y explicó que "a diferencia de lo que sucede con el caso del conductor Fernando Niembro -por montos que alcanzaron los 22 millones de pesos-, no hubo contratación directa ni se puede invocar el decreto 556, porque al tratarse de subsidios y convenios no entran en esas figuras, pero deben sí o sí estar informados debidamente y transparentados porque si no sería muy fácil poder disponer del dinero del erario público sin dar ningún tipo de explicación".
Los legisladores de la oposición porteña solicitaron un nuevo pedido de informes al Ejecutivo de la Ciudad, que involucra a Mauricio Macri y a la vicejefa María Eugenia Vidal, quien al momento de las transferencias del dinero era ministra de Desarrollo Social.
La Resolución General 7/05 de la Inspección General de Justicia estipula que las asociaciones civiles deben comunicar a la IGJ la celebración de sus asambleas ordinarias con 15 días hábiles de anticipación, la cual debe ser acompañada por “los estados contables firmados por el representante legal, con informes de auditoría y del órgano de fiscalización y el inventario anual”.
Fuente: Télam