El expediente  que se tramita ante el Juzgado Federal 11, a cargo de Claudio Bonadío, se inició a partir de una presentación realizada por la diputada nacional Graciela Ocaña, a fines del año pasado.

La causa investiga cuatro reportes de operaciones catalogadas como "sospechosas" de lavado de activos y estarían involucradas cuentas bancarias pertenecientes a la Asociación de Camioneros, a la Obra Social de Camioneros y a las empresas Iarai, Aconra y Dixey.

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activo precisó que esas operaciones involucran un monto de más de 570 millones de pesos en tres de ellas, y más de 540 mil en la cuarta, y habrían tenido lugar entre los meses de marzo de 2011 a octubre de 2012.

A su vez, en el informe de la Unidad de Información Financiera señala la existencia de una "ingeniería empresarial" en la que parte de los fondos que salieron de la Obra Social de Choferes de Camiones y del sindicato, "habrían retornado al grupo familiar de Moyano a través de esas compañías, que se encuentran dirigidas por personas de su entorno".

Es el caso de su esposa, Liliana Zulet; su hijo Pablo Moyano, secretario adjunto del sindicato de Camioneros; la hija de su esposa, Valeria Salerno; el esposo de Salerno, Christian Asorey; y el suegro de Salerno, Vicente Asorey.

Todos ellos, precisa la Procuraduría, "ocupan cargos decisorios en las empresas que brindan servicios a las entidades dirigidas por Hugo Moyano".

La Procelac explicó que el envío de la documentación de la UIF se realizó "para que el fiscal federal interviniente pueda evaluar si correspondía ampliar el objeto procesal de esa causa, por los hechos que surgen de los reportes de operaciones sospechosas".

El organismo del Ministerio Público Fiscal destacó asimismo que quedó a disposición de la fiscalía "para prestar asistencia en lo que consideren necesario".

El expediente en el que se investiga a la Asociación de Camioneros, a la obra social del sindicato y a empresas vinculadas con familiares de Hugo Moyano incorporó un documento de la Unidad de Información Financiera.

Esa documentación fue remitida a la fiscalía nacional en lo criminal y correccional federal número 12, a cargo de la causa "Moyano, Hugo s/ delito de acción pública".

Los aportes a la investigación del titular de una de las CGT fueron enviados por el área de Delitos contra la Administración Pública de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), según informó el mismo organismo.