Hugo Moyano, su hijo Pablo y su actual mujer Liliana Zalut -entre otros familiares-, son investigados por la Unidad de Información Financiera (UIF), luego de que esta le enviara un informe al Área de Delitos contra la Administración Pública de la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), en el que investiga el delito de vaciamiento del sindicato y la obra social de Camioneros.

Sobre la denuncia, Moyano dijo: “Es puro humo, como no pudieron encontrar nada que esté mal hecho, ahora lo trajeron a la luz porque es una medida pre electoral, tiene menos credibilidad que Barreda hablando de los derechos de la familia, no tiene relevancia, hace 7 años de esa investigación y ahora empezaron a levantarla".

El titular de Camioneros se defendió así: "Yo las controlo a las empresas para que no nos roben, para que no nos afanen, estamos haciendo 10 obras simultáneas, yo duermo sin frazada, si tuviera algo que ver le estaría chupando las medias a algún funcionario”.

Y acusó, en represalia: “El lunes que viene a las 12 vamos a hacer una movilización por las obras sociales a la Superintendencia de Salud, nos afanan la guita y nos quieren meter a los monotributistas, la responsabilidad es del Estado, no pueden tirarnos esa responsabilidad a nosotros”.

El informe, que llevó a su tapa el diario Tiempo Argentino, señala que "del material analizado por la UIF se observa la existencia de una ingeniería empresarial en la que parte de los fondos que salen de la Obra Social de Camioneros y del Sindicato de Choferes de Camiones retornarían al Grupo Familiar de Moyano a través de las compañías que se encuentran dirigidas por personas de su entorno".

Además de Hugo y Pablo Moyano, el informe posa su lupa sobre la participación de Valeria Salerno, hija de la esposa de Hugo Moyano, y Christian Asorey, hijo de Vicente Asorey, quien también está en la mira de la investigación junto con Omar Andrés Perez, el secretario General de la Asociación de Camioneros Profesionales y Conductores de Vehículos de Cargas.

La investigación de la oficina antilavado se puso en marcha una vez que un banco muy importante le advirtió a la UIF que existía una triangulación de dinero que ingresaba proveniente de la obra social y el sindicato de camioneros y volvían al entorno familiar a través de una serie de empresas, controladas por la propia familia Moyano.

Los investigadores volcaron su análisis en un trabajo de casi 30 carillas en el que describieron los procedimientos y la conformación de las sociedades empresariales que operaron distintas cuentas bancarias por un monto aproximado a los 570 millones de pesos.