Durante el juicio declararon más de 30 testigos ante el tribunal; varios de los cuales fueron víctimas del terrorismo de Estado llevado a cabo durante la década del 70.

Al suspendido magistrado se le imputa el mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, por su directa vinculación con la Alianza Anticomunista Argentina, conocida como Triple A, durante los años 70; haberse desempeñado como agente de Inteligencia durante la última dictadura cívico–militar; defender la aplicación de la pena de muerte; replicar la matriz militar tanto en la Cámara Federal como en la Universidad Nacional del Sur y; la falta de decoro en sus presentaciones.

A lo largo del debate se han escuchado numerosos testimonios que confirmaron la acusación, además de verificar su posición antidemocrática, autoritaria y discriminatoria. En relación a esto último, ha sido evidente su postura antisemita y el hecho que ha equiparado a las mujeres víctimas de explotación sexual con las cloacas.

El tribunal que debe juzgarlo políticamente está integrado por el Juez Miguel Caminos, del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3; el Juez Otmar Osvaldo Paulucci, del Trib. Oral en lo Criminal Federal de Rosario N° 1; la Senadora Sigrid Elisabeth Kunath (FpV); el Diputado Alejandro Abraham (FpV); la Senadora  Silvia Elías de Pérez (UCR); la diputada María Soledad Carrizo (UCR); y el abogado neuquino Santiago Pini.

La última audiencia del año se realizó el 22 de diciembre pasado, oportunidad en que prestó declaración el testigo Hugo Cañón, ex Fiscal General, quien falleciera el pasado 3 de enero, en un lamentable accidente.

Para los próximos 1 y 2 de febrero de 2016 a las 12 horas está prevista la declaración del juez y por último la presentación de los alegatos.

Las audiencias son públicas y pueden participar todos.  Sólo es necesario presentarse con el DNI en el tercer piso del edificio situado en la calle Libertad 731, de la Capital Federal.