La inflación y la pérdida de puestos de trabajo afectan directamente la situación económica de las grandes mayorías. Y a estos dos factores hay que sumar los recortes en Salud. Es que, en definitiva, lo que no invierte el Estado en cuidar a las personas es más dinero que deben destinar ahí los ya afectados bolsillos de las familias argentinas. 

Un informe de gestión de la Funación Soberanía Sanitaria permite dar dimensión de todos los programas que fueron recortados o directamente suspendidos por el gobierno de Mauricio Macri. Muchos de ellos habían sido implementados durante los últimos doce años. En efecto, según el informe, durante el kirchnerismo "mejoraron los principales indicadores sanitrarios, como ser la tasa de mortalidad infantil que pasó de 16,5 muertes por cada mil nacidos vivos en el 2003 a 9,7 en el 2015; llegando a ser de un solo dígito por primera vez en nuestra historia".

"Por el contrario, ante la aplicación de medidas neoliberales, ya pueden observarse resultados sanitarios negativos y retrocesos en derechos conquistados durante los últimos años", aseguran en el informe. En ese sentido, descatan los recortes en programas de abordaje territorial para prevención de enfermedades como el zika o el dengue, el desmantelamiento de la Dirección de Enfermedades por Vectores, los programas Argentina Sonríe, Qunita, Salud Sexual y Procreación Responsable, el Remediar, el Banco Nacional de Drogas Oncólogicas, entre otros. 

Los recortes que relevó la Fundación

A comienzos de 2016, con una epidemia de dengue comenzando, las flamantes autoridades del Ministerio de Salud de la Nación vaciaron y paralizaron varios programas de abordaje territorial que desarrollaban sus tareas en aquellos territorios donde viven los sectores más vulnerables de la patria. Los equipos interdisciplinarios realizaban actividades de prevención y promoción de la salud, entre las que se encontraba la descacharrización, fundamental para prevenir la propagación del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya.

Asímismo, desmantelaron la Dirección de Enfermedades Transmisibles por Vectores, responsable de llevar adelante los planes de prevención y control del dengue, zika, chikungunya, mal de Chagas y leishmaniasis. El Ministerio de Salud, tomó la decisión de retirar el Estado de los territorios y dejar librado a la suerte de cada provincia y municipio la posibilidad de desplegar abordajes sanitarios efectivos para contención de brotes y control del mosquito, claves para detener su avance. Su tarea quedó reducida exclusivamente al conteo de los casos y a la realización de mínimas campañas publicitarias en los medios de comunicación y redes sociales.

El Programa Argentina Sonríe, también fue paralizado al comienzo de la gestión y finalmente derogado en octubre de 2016. El mismo utilizaba tecnología de última generación para producir y proveer prótesis odontológicas a las personas de bajos recursos, recorriendo distintos barrios a través de Unidades Sanitarias Móviles. Éste era un programa clave en materia de equidad dada la estigmatización que sufre quien tiene problemas en la dentadura, lo cual dificulta la socialización y el acceso al mundo laboral.

El 2016 también fue marcado por la peor epidemia de gripe desde la pandemia producida por el virus influenza H1N1 en el año 2009. Hasta octubre del año pasado fueron notificados cerca de 900 mil casos de enfermedades tipo influenza en todo el territorio nacional, habiéndose registrado 283 fallecidos con diagnóstico de influenza en el país. Nuevamente se evidencian las consecuencias del retiro del Estado de los territorios y el vaciamiento de programas claves que podrían haber contribuido con campañas de prevención y vacunación.

Respecto a la salud materno infantil, fue derogado el programa Qunita, el cual no sólo generaba condiciones dignas para los recién nacidos y puérperas a través del kit que se distribuía a las mujeres que recibían la Asignación Universal por Embarazo, sino que contribuía con el aumento de los controles prenatales, la disminución de la muerte súbita del lactante (impactando en las cifras de mortalidad infantil) y además funcionaba como incentivo para la acreditación de maternidades seguras.

A su vez, se vio fuertemente afectado el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable. A fines de 2015 fueron canceladas todas las actividades de capacitación y gestión generadas por esta área. El principal impacto de la parálisis de la gestión en materia de salud sexual está vinculado a la demora en la adjudicación de una licitación pública para la compra de preservativos y geles lubricantes, iniciada en septiembre de 2015. Al dilatarse cerca de 13 meses para concluirse, desabasteció a todo el sistema público de salud del país de este imprescindible insumo para la prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual como el SIDA.

Pero el cambio más notorio y quizás, hasta ahora, el más importante realizado por el actual gobierno en materia de salud, está relacionado a la política nacional de medicamentos. El programa REMEDIAR, que realiza la compra y distribución de medicamentos esenciales a los más de 7 mil centros de atención primaria de la salud de todo el país, sufrió una reducción de un tercio de sus tratamientos en el año 2016, comparado al 2015.  La entrega de medicamentos a las provincias por parte del REMEDIAR tuvo una tendencia descendente durante todo el año de 2016, siendo que durante el segundo semestre se transfirieron a las provincias un 40% menos de tratamientos comparado al primer semestre del mismo año. La tendencia a la baja en la entrega y distribución de medicamentos en todo el territorio nacional se explica a partir de dos decisiones tomadas por la actual gestión. 

En primer lugar, no han realizado licitaciones para el programa en todo el año.En segundo lugar, han dado de baja los contratos con todos los laboratorios de producción pública de medicamentos. A partir de esto es que tuvieron que racionar la distribución dado que sólo contaban con los medicamentos adquiridos anteriormente. El Banco Nacional de Drogas Oncológicas, responsable por la compra y entrega de drogas oncológicas o citostáticas a los bancos de drogas o programas provinciales, también fue gravemente afectado por el nuevo rumbo que está tomando la política de medicamentos, dejando de entregar varios tratamientos a los pacientes con cáncer. También recientemente surgieron denuncias sobre faltantes de tratamientos para la tuberculosis. El Ministerio de Salud retrasó varias compras referidas a los medicamentos necesarios para el tratamiento de esta enfermedad, lo cual es de enorme gravedad dado que la interrupción de los esquemas habituales de tratamientos aumenta  muchísimo el riesgo del surgimiento de bacterias multiresistentes.

En materia de VIH/SIDA también se puede observar una disminución significativa en las compras de medicación antirretroviral en el año 2016 en comparación con los años anteriores. A junio de 2016, el presupuesto de la Dirección de Sida y ETS se encontraba con una casi total subejecución, no registrándose compras de preservativos, insumos ni medicamentos que debería proveer el Ministerio de Salud.

En esta misma línea de desabastecimiento de todos los programas nacionales que compran y distribuyen medicación, la actual gestión del PAMI decidió sacar de su vademécum varios medicamentos provistos por este organismo y cortar la cobertura del 100% a otros tantos. El Estado abandonó de manera abrupta la regulación de precios de los medicamentos realizada anteriormente por la Secretaría de Comercio. Los efectos de esta decisión no tardaron en aparecer.
El 85 % de los medicamentos de mayor demanda local aumentaron más que la inflación.