En una entrevista con Luis Novaresio, el ministro del Interior negó que la Agencia Federal de Inteligencia estuviera al tanto de una red de espionaje ilegal, con espías inorgánicos, tal y como viene demostrando la investigación del juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla.

Además de exponer una vez más la excusa de la 'pesada herencia', echando culpas a la administración anterior -ahi radica el principal argumento de defensa que tiene el Gobierno para continuar encubriendo a la AFI- Frigerio opinó que el fiscal Carlos Stornelli debería comparecer ante Ramos Padilla, como debiera hacerlo cualquier ciudadano. 

Para coronar, el funcionario habló de la existencia de una "justicia totalmente independiente", aunque el Presidente no deje de criticar fallos judiciales en temas agropecuarios o incluso se haya animado a pedir la destitución de Ramos Padilla.

Un poco de historia

En 2015, el gobierno kirchnerista reformó la Ley de inteligencia (25.520) para revertir una situación irregular histórica que permitía una promiscua relación entre la utilización a discreción por parte jueces de acceder a escuchas telefónicas: en concreto traspasó las facultades para interceptar las comunicaciones desde la ex SIDE al Ministerio Público Fiscal.

Según explicó la Iniciativa Ciudadana para el Control de Actividades de Inteligencia (dependiente del CELS) en un artículo, desde 2016, el Ejecutivo transfirió por un decreto de necesidad y urgencia esta competencia a la competencia a la Corte Suprema, desde donde se nombraron a los titulares de la AFI en un supuesto sorteo no registrado, y además mediante otro DNU, se extendió el poder de utilización de la herramienta de escuchas a los titulares de la Dirección de Captación de Comunicaciones (DCC), consolidando aquel viejo esquema que otorga herramientas cruciales para extorsionar y espiar a dirigentes opositores, o incluso a miembros del Gobierno con muchísima facilidad.