El pago en bonos a la española Repsol por el 51% de las acciones de YPF es un nuevo eje que genera lecturas diferentes dependiendo de la postura ideológica del analista. Como ocurre habitualmente, las más resonantes son las motorizadas por los medios de comunicación opositores que lejos están de poner sobre relieve las bondades para el país tras el acuerdo.

El pago de 5000 millones dólares con bonos -en cuotas, para llevarlo al terreno doméstico- conlleva obviamente una tasa de interés que en este caso oscila entre el 7 y el 8% anual y la erogación del Estado argentino culminará en 2034.

El cálculo, sumando dichos intereses, asciende al monto estimado de algo más de 10 mil millones de dólares. El recorte de la realidad que se pretende remarcar es que el país va a pagar ese monto  y no los 5000 millones acordados con la empresa por la recuperación de la soberanía hidrocarburífera.

La intención de los sectores enfrentados al gobierno es instalar en la sociedad que la pulseada entonces fue ganada por Repsol, que había demandado a la Argentina ante el tribunal arbitral CIADI por alrededor de 10 mil millones. Sin embargo, con el vigente acuerdo alcanzado, el Estado no solo había logrado el control petrolero en su territorio (con lo que eso acarrea en materia económica), sino que consigue cancelar la expropiación en un plazo de 20 años.