Se realizó el segundo encuentro de la Red Argentina No Baja, jornada de la que participaron más de 400 personas en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

La Red es una compilación de organizaciones sociales, sindicales, políticas, culturales, de derechos humanos y especialistas en el tema que busca enfrentar la política de bajar la edad de punibilidad impulsada por el Gobierno nacional. 

El objetivo del encuentro fue pensar acciones de la Red para evitar que se avance en la decisión de bajar la edad de punibilidad.

En la apertura de la jornada, Florence Bauer, titular de UNICEF Argentina destacó la importancia de “una ley que busque la recuperación de los chicos y que respete los derechos de acuerdo a la legislación internacional vigente”.

Y agregó: "Es necesaria la reforma de ley de régimen penal juvenil, pero no es necesaria la baja de edad de la punibilidad. Lo que me preocupa es el apuro del proceso porque es una temática compleja. No se puede llegar a una ley en pocas semanas, no es una receta mágica”.

Voces, como ecos
 

Durante la jornada se destacó el carácter regional de esta problemática. En ese sentido, la Red Argentina No Baja cuenta desde un comienzo con el apoyo de la campaña ‘No a la baja’ de Uruguay, quienes brindaron sus insumos comunicacionales, incluyendo el logo para que la red desarrolle esta campaña en Argentina.

Durante una tarde de debates y propuestas, fueron varias las voces que se expresaron en contra de la baja de edad de punibilidad.

La abogada Nelly Minyersky expresó que “el nuevo Código Civil crea un modelo distinto de familia, donde no hay más autoritarismo sino una familia democrática. Reconocer más derechos para los chicos y chicas requiere otorgarle más responsabilidades al Estado”.

Andrea Conde, presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura porteña (FPV – Nuevo Encuentro) expresó que “el hambre no se tapa con patrulleros y los pibes no deben ser el chivo expiatorio de un sistema que no cierra”.

María Elena Naddeo (APDH) consideró que “se debe prevenir y evitar que los y las adolescentes y jóvenes se involucren en situaciones delictivas”. Sostuvo que “cada vez que nos preguntan qué hacer con un pibe de 14 años que comete un delito hay que invertir la pregunta: qué hicimos como Estado para que un pibe de 14 años llegue a cometer un delito”.

Emiliano Bisaro, de ATE Capital, manifestó “el tema de la inseguridad no se resuelve metiendo a niños presos. Esto en todo caso se discute en la SENNAF y en definitiva en el Congreso de la Nación, y no en el Ministerio de Justicia”.

Encuentro contra la baja de la edad de punibilidad reunió a más de 400 personas

“Es importante organizarnos contra la criminalización de los pibes. Los niños y adolescentes son las víctimas de este modelo de ajuste y no los victimarios, como quiere construir el gobierno nacional con la propuesta de la baja de la edad de punibilidad”, sostuvo Florencia Gentile, plenarista del Consejo de Derechos de Niñas Niños y Adolescentes por la Legislatura (FPV-Nuevo Encuentro).

En tanto, la especialista Claudia Cesaroni expresó: “Queremos denunciar el momento político en el se inscribe esta propuesta que es parte de la política represiva del gobierno. Un régimen penal debe incorporar los estándares internacionales de derechos humanos pero es indiscutible que no debe bajarse la edad de punibilidad”.

En tanto, el Defensor a cargo de la Unidad Funcional para Menores de 16 años de la Defensoría General de la Nación, Gustavo Gallo, se refirió al rol del Estado: “Se olvida de los pibes hasta que cometen un delito. El incumplimiento de las responsabilidades del Estado es perverso, criminal”.

Del encuentro participó Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga, diputados provinciales, especialistas en derecho a la infancia, el Padre Paco -del Grupo de Curas en la Opción por los Pobres-, el director de la carrera de Trabajo Social de la UBA - Nicolás Rivas-, y José Machain, plenarista del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, entre otros.


Conclusiones del encuentro


El trabajo consistió en ponencias en comisiones y cada uno presentó un documento con sus conclusiones.

Esas distintas comisiones que trabajaron en la jornada llegaron a consensuar que: se debe nacionalizar la campaña, promover una audiencia pública en el Congreso de la Nación y manifestarse en el Ministerio de Justicia, el 23 de febrero, a las 14 horas, para expresar su postura contraria a la de Germán Garavano, titular de la cartera.