A través de su abogado Pablo Lanusse, el expresidente Mauricio Macri apeló la decisión de la jueza María Servini de entrecruzar llamados respecto de sus teléfonos y los de integrantes de la denominada “mesa judicial M”.

El inédito planteo busca bloquear la decisión de la jueza que dispuso, en el marco de medidas de prueba en la causa, que la Dajudeco realice un cruce de comunicaciones con el objetivo de probar si existieron posibles presiones para torcer decisiones administrativas y judiciales en el marco de la causa Oil Combustibles.

La semana pasada, Servini ordenaba un entrecruzamiento de llamados entre el expresidente, los ex titulares de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli y otros imputados en la causa que investiga si durante el gobierno macrista hubo maniobras ilegales contra el grupo.

"Las diligencias aquí ordenadas permitirán contribuir al avance de la investigación, en aras de descubrir la verdad", sostenía la magistrada en su resolución, señalando además la necesidad de "recalcar" que, en lo que va de la pesquisa, "todas las reuniones, como así también las comunicaciones" denunciadas entre imputados, "fueron ratificadas a lo largo del expediente por diferentes personas".

Servini había ordenado que en primer lugar se requiera los números telefónicos registrados a nombre de Macri, José María Torello, Nicolás Caputo, Fabián Rodríguez Simón, Mario Quintana, Javier Iguacel, Alberto Abad, Leandro Cuccioli, Martín Rappallini, Orlando Terranova e Ignacio Rosner entre enero de 2016 y agosto de 2019.

Posteriormente solicitó los "registros de comunicaciones con activación de celdas en el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y 31 de agosto de 2019", a fin de "realizar un estudio temporal/espacial con el objeto de identificar el entramado de las comunicaciones de los abonados" y "sus interlocutores (comunes, frecuentes y los que surjan de los informes", y entrecruzarlos además con los teléfonos de quienes habrían recibido llamados vinculados a la situación del Grupo Indalo.

En la resolución, la jueza aludió sobre todo a comunicaciones a partir de eventos determinados que se iniciaron el 13 de marzo de 2016 con la publicación de una nota periodística sobre la "supuesta deuda de Oil Combustibles SA con el Fisco Nacional".

La investigación se abrió por denuncia de Fabián De Sousa, socio de Cristóbal López en Indalo, y se centra en la "presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional -encabezado por Mauricio Macri- o a instancias de aquellos que, mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, habrían producido perjuicios económicos tanto a particulares, como al patrimonio nacional, con el objetivo de llevar al derrumbe de las empresas integrantes de aquel grupo para su liquidación y venta a precio vil", según la acusación.

Esto se habría hecho "presuntamente en beneficio de intereses empresarios afines" al gobierno de Macri, según se recordó sobre la denuncia en la resolución.