El anuncio fue realizado este lunes al mediodía por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante un acto realizado en la Casa de Gobierno, durante el cual la jefa del Estado firmó también un decreto de necesidad y urgencia (DNU) en el que dispuso la intervención de YPF por espacio de 30 días y designó al ministro Julio De Vido al frente de la petrolera.

"De continuar esta política de vaciamiento y de no inversión, Argentina se hubiese convertido en un país inviable, por políticas empresariales y no por falta de recursos", dijo Cristina al argumentar los motivos que determinaron el envío de la iniciativa.

La jefa de Estado dijo que Argentina es "el único país de América Latina que no maneja sus recursos naturales", tras lo cual enfatizó que en 2011 Argentina se convirtió en importadora neta de gas y petróleo "por primera vez en 17 años", con un déficit de 3.029 millones de dólares e importaciones por una cifra "casi  igual al superávit comercial de Argentina" del año pasado.

El proyecto establece la expropiciación del 51 por ciento de las acciones, de las cuales el Estado nacional tendrá el 26,03% del total y las provincias productoras, el 24,99%.

De esta forma, el Grupo Petersen mantendrá en su poder el 25,46 por ciento actual; en poder del mercado seguirá el 17,09 por ciento de las acciones, mientras que en manos de Repsol quedará el 6,43 por ciento contra el 57,43 por ciento actual.

Cristina dejó claro que el modelo para YPF "no es de estatización", sino de "recuperación de soberanía", y señaló que la empresa seguirá funcionando "como una sociedad anónima", aunque tendrá a partir de ahora "una conducción profesionalizada".

A modo de ejemplo, la Presidenta mencionó a algunos de los países que tienen el control mayoritario de los recursos hidrocarburíferos entre los que citó a Arabia Saudita, Irán, China, Venezuela, México, Chile, Uruguay, Nigeria, Emiratos Árabes, Irak, Kuwait, y Noruega, con el 100 por ciento del capital; mientras que Rusia tiene el 50 por ciento y Brasil, el 51 por ciento en manos del Estado.

Una horas después del anuncio realizado por Cristina, el gobierno español de Mariano Rajoy salió a condenar la decisión del Ejecutivo argentino de expropiar el 51% de YPF a Repsol y anunció que en los próximas días adoptará medidas para defender los intereses de la petrolera ibérica.

"El gobierno condena con absoluta energía la arbitraria decisión del gobierno de argentina de expropiar las acciones que Repsol tiene en YPF", afirmó el ministro de Asuntos Exteriores ibérico, José Manuel García Margallo, en una conferencia de prensa brindada junto a su par de Industria, José Manuel Soria.

Como ya lo hiciera la semana pasada, la Cancillería española citó para este martes al embajador argentino en España, Carlos Bettini, para transmitirle el malestar de ese gobierno con la decisión argentina.

Por su parte, Repsol, a través de una nota enviada a la Comisión Nacional del mercado de valores (CNMV) de España, dijo que la medida "es manifiestamente ilícita y gravemente discriminatoria", debido a que "no se ha justificado de forma alguna la utilidad pública que se persigue con la misma, y que supone un patente incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado argentino en la privatización de YPF, violando así los más fundamentales principios de seguridad jurídica".

La petrolera española alertó que "se reserva expresa y plenamente todos los derechos y acciones que pudieran corresponderle conforme al Derecho argentino, la normativa de valores de los mercados en que YPF cotiza y el derecho internacional, incluyendo el tratado de protección de inversiones Argentina-España".

El anuncio realizado por la Presidenta también repercutió a nivel bursátil. En la Bolsa porteña, minutos antes de conocerse la iniciativa del Gobierno, las acciones de la petrolera avanzaban 4,28 por ciento a 124,00 pesos y luego pasaron a perder 2,43 por ciento a 116,00 pesos, cuando las autoridades dispusieron la suspensión de la cotización de YPF.

En la Bolsa de Nueva York también se suspendió la negociación de los ADR de YPF, en momentos que la petrolera se hundía 11,16 por ciento, a 19,59 dólares.

A nivel local, gobernadores, legisladores nacionales, sindicalistas y dirigentes políticos y sociales elogiaron la decisión de la Presidenta de disponer la expropiación de YPF.

La medida también contó con el consenso de los gobernadores de las provincias petroleras que integran la OFEPHI, quienes se reunieron con el ministro De Vido en la sede central de YPF, en el barrio porteño de Puerto Madero, luego de que éste asumiera formalmente el cargo de interventor, en el que estará acompañado por el viceministro de Economía, Axel Kicillof.

De Vido y Kicillof participarán este martes del plenario de comisiones del Senado que comenzará a tratar la iniciativa, al que también fue invitado el secretario de Energía, Daniel Cameron.

La intención del bloque del Frente para la Victoria es la de otorgar rápido dictamen al proyecto presentado este lunes por la Presidenta, con la intención de que la próxima semana sea sancionado en el recinto y luego girarlo a Diputados.

El jefe de la bancada oficialista, Miguel Ángel Pichetto, anticipó que “como bloque mayoritario” su “voluntad es la de avanzar en el tratamiento del proyecto con suma rapidez y celeridad”.

“La vocación del oficialismo es a partir del martes, tratarlo en un plenario de comisiones”, agregó Pichetto.

La iniciativa fue girada a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda y Minería, Energía y Combustibles que este martes -en horas del mediodía- se constituirán para iniciar el debate en el Salón Azul del Palacio Legislativo.

El oficialismo tiene mayoría en las tres comisiones y dos de ellas son presididas por senadores del Frente para la Victoria, mientras que Minería, Energía y Combustibles es encabezada por Horacio Lores, del Movimiento Popular Neuquino, aliado del oficialismo.

De acuerdo con la agenda anticipada este lunes por fuentes legislativas,  la expropiación será discutida en el plenario del miércoles y jueves, con la intención de firmar un dictamen y que el pleno del Senado lo vote el próximo miércoles 25 de abril.