En 2006, el entonces presidente Néstor Kirchner firmaba el decreto reglamentario de la Ley de Defensa Nacional, prohibiendo a las Fuerzas Armadas toda actividad militar interna, debiéndose limitar ante "agresiones de origen externo perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otros Estados".

El decreto, como queda claro, venía a cuento de los crímenes ejecutados por el Ejército, la Mariana y la Fuerza Aérea entre 1976 y 1983, causando 30.000 desaparecidos y miles de secuestrados, torturados y asesinados con el argumento de “combatir al terrorismo”.

Al gobierno de Mauricio Macri, sin embargo, aquellos crímenes de lesa humanidad parecen tenerlo sin cuidado, ya que entre los ajustes y reformas previstos para los próximos meses, está que los militares vuelvan a tener participación en la lucha antiterrorista.

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, es quien lleva adelante este volver al pasado, planificando una reestructuración de las Fuerzas Armadas que incluye la reubicación geográfica de bases y unidades militares.

Según da cuenta La Nación, Aguad había anticipado el proyecto de reestructuración cuando, en Córdoba, anunciaba que de "redefinirá el rol de las fuerzas militares", incluyendo mejoras salariales a la oficialidad y renovación de equipamientos.

Se trata de una iniciativa que, según advierten en las propias fuerzas al citado diario, sería bien recibida por el gobierno de Estados Unidos, en momentos en que se evalúa la realización de ejercicios militares conjuntos entre ambos países.