Como se sabe, juez Pablo Cayssials habilitó este viernes que el Gobierno pueda remover a Alejandra Gils Carbó de la Procuraduría, al considerar como "inconstitucional" el artículo 76 de la Ley 27.148 del Ministerio Público Fiscal.

Ese artículo equipara al cargo de procurador con el de los miembros de la Corte Suprema, al establecer que "sólo puede ser removido por las causales y mediante el procedimiento establecidos en los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional". Es decir, que sólo puede ser removido a través de juicio político en el Congreso.

Ahora, Cayssials desestimó los argumentos de la propia Gils Carbó y convalidó los de la ONG macrista Será Justicia y del Colegio Público de Abogados de la Ciudad,  al invalidar ese mecanismo legal.

Tras conocerse el polémico fallo del magistrado, no obstante, el ministro de Justicia Germán Garavano aseguró a la prensa que “no” removerá “por decreto” a la procuradora, sino que avanzará en la reforma del Ministerio Público Fiscal.

El proyecto oficial de modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, sin embargo, es más que claro al respecto: puede que el macrismo no la remueva, pero pretende cercar a la procuradora quitándole todo poder.

Gils Carbó, como se sabe, maneja información sensible para funcionarios del Gobierno y amigos del poder macrista: el escándalo suscitado por el pago de coimas efectuados por la brasileña Odebrecht.

En lo que atañe a la Procuración y su estructura, ha dicho Irina Hauser en Página 12, la propuesta pretende licuar el poder de la actual procuradora al rodearla de una estructura de cuatro subprocuradores elegidos a discreción oficial: sin concurso ni mayorías especiales.

Ellos absorberían las funciones claves, como diseñar la política criminal o elegir titulares de unidades especializadas, al tiempo que quita estabilidad a la procuradora, ya que la efectividad en el cargo pasaría a durar cuatro años o la echen sin juicio político.