Pese al planteo del Estado argentino, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó a cabo una audiencia pública este jueves de carácter general sobre la “Situación de la independencia judicial en la Argentina”.

El Gobierno denunció que dicha audiencia fue una burda operación político-mediática para interferir en el proceso electoral argentino orquestada por sectores vinculados a la oposición y al Grupo Clarín. La nota publicada por el diario Clarín con fecha 16 de octubre es evidencia de ello y de la explícita instrumentalización política que se está haciendo de la propia audiencia y del rol de la Comisión.

El comunicado de Cancillería:

Como es de público y notorio conocimiento, en pocas horas se celebrarán en nuestro país elecciones generales, en cuyo marco se elegirá al nuevo Presidente de la República, entre otros importantes cargos electivos en el orden nacional y provincial.

Consecuente con sus obligaciones internacionales y su compromiso con la democracia y los derechos humanos, la Argentina ha rechazado la referida convocatoria a esa audiencia por considerarla inaceptable, inadmisible e improcedente. La Comisión tiene la obligación de evaluar la seriedad tanto de la denuncia como de los denunciantes y no simplemente, como ocurre en este caso, deslindar la responsabilidad de rechazar una causa a todas luces inexistente.

Hace más de un mes la Embajadora ante la OEA Nilda Garré se comunicó con el Secretario General de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para explicarle las implicancias negativas que la OEA trate un tema que forma parte del debate electoral a 48 horas de las elecciones nacionales.

Ante la negativa de la Comisión de postergar unos días la realización de la audiencia es que me vi obligado a enviar una carta a la Comisión de la OEA anunciando que la Argentina no participaría de una audiencia con un claro objetivo de interferir en el proceso electoral. Cabe resaltar que la Argentina ha participado en más de 300 audiencias desde el año 2003 siendo ésta la primera vez que se ve obligada a no presentarse.

Es preocupante si los miembros de la Comisión no se han percatado de la clara direccionalidad política de las asociaciones peticionantes y sus objetivos político-mediáticos. Sería muy grave si la Comisión decidió a sabiendas igualmente participar de la operación mediática contra el gobierno argentino.

Todos los solicitantes de la referida audiencia actúan como voceros de operadores políticos con intereses concretos en la elección del domingo 25. En efecto, las asociaciones que requieren esta audiencia no están ajenas al referido proceso electoral, toda vez que han funcionado en los últimos años como espacios políticos de y para quienes ejercen o ejercieron sus cargos ejecutivos.

Veamos los grupos que solicitaron la audiencia realizada hoy y sus vínculos políticos: Poder Ciudadano, Asociación por los Derechos Civiles, Unidos por la Justicia, CIPPEC.

La diputada nacional por el PRO, Laura Alonso, fue Directora Ejecutiva de Poder Ciudadano inmediatamente antes de postularse como candidata; Unidos por la Justicia tiene como director académico a Germán Garavano, ex Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires y referente del mismo partido político y Álvaro Herrero asesor del candidato opositor Sergio Massa y miembro de Poder Ciudadano; Alejandro Carrió, abogado del grupo mediático opositor Clarín, es el vicepresidente de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC); y Nicolás Ducoté, Subsecretario de Asuntos Públicos del Ministerio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la actual gestión del candidato presidencial Mauricio Macri (PRO), es referente y miembro del Consejo de Fundadores de CIPPEC.

A través de este accionar, los solicitantes han pretendido, infructuosamente y con argucias utilizar una herramienta que brinda el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos para introducir un debate político durante la veda electoral que rige de acuerdo con la normativa del Estado argentino.

De este modo, dicha Comisión de la OEA habría interferido en un debate político interno, ostensiblemente alejada del mandato que los Estados de las Américas le han conferido de conformidad con los artículos 106 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 1.1 de su Estatuto y Reglamento.

Llama poderosamente la atención que esa Comisión, consciente del contexto descripto anteriormente, haya decidido igualmente convocar a la audiencia para un tema que, a todas luces, no requiere un trato urgente, una resolución inmediata o una acción para evitar un perjuicio irreversible.

No es ajeno a esta lamentable actitud el tema del financiamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Toda vez que se acepta dinero de fuentes privadas o de países no americanos, sin que los Estados miembros de la OEA tengan el derecho de decidir el destino del mismo. Este sistema de financiamiento, criticado por nuestros países, convierte a la Comisión en instrumento de intereses políticos que nada tienen que ver con los Derechos Humanos y que sirven a los objetivos de países y grupos políticos que buscan interferir en los asuntos internos de nuestros países.

Como resultado de todo este proceso y esta reflexión es penoso y lamentable concluir que la Comisión, que tanto ha hecho en su función principal de promover la defensa de los derechos humanos durante las dictaduras cívico-militares que asolaron el continente, hoy no acompaña con la misma sabiduría, convicción y criterio los procesos democráticos en América.

El Gobierno argentino está seguro de que este penoso episodio llevado adelante por personas y medios que buscan alterar la democracia argentina no logrará su objetivo de alcanzar con este tipo de acciones empañar el camino de la democracia elegido por los argentinos.

La Argentina seguirá sosteniendo una permanente política de cooperación y fortalecimiento del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos como lo ha hecho desde la recuperación de la democracia, recogiendo el legado de la histórica visita de la Comisión al país en el año 1979.

Este compromiso se ve reflejado, también, en la denuncia de situaciones, como ésta, en la que se pretende utilizar al sistema interamericano de derechos humanos con propósitos claramente alejados de los nobles fines que inspiraron su creación.