El Congreso sancionó en la cámara de Diputados y giró al Senado el megaproyecto de blanqueo de capitales, pago a jubilados, acuerdo por la coparticipación, moratoria y reforma fiscal y previsional. La iniciativa oficialista sufrió algunas modificaciones en el debate en el recinto de la Cámara Baja. Una de ellas fue la exclusión de "familiares" de funcionarios de la posibilidad de blanquear. Sin embargo, el alcance de ese "cepo" es muy limitado.

El proyecto establece que funcionarios de los tres niveles (nacional, provincial y municipal) que hayan ejercido en los últimos cinco años no pueden blanquear. La prohibición alcanza a rectores de universidades, jueces, miembros de los poderes legislativos y defensores del Pueblo, entre otros. Y en el artículo 83 detalla que tampoco podrán ingresar al programa de "declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el exterior" los "cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados" de los funcionarios con prohibición.

Pero por omisión sí pueden ingresar al blanqueo los hermanos, los hijos mayores de edad, primos y tíos, entre otros. Una larga lista de familiares directos que pueden oficiar de testaferros y declarar bienes evadidos al fisco.

En momentos en los que el primo del presidente, Ángelo Calcaterra, apareció en la causa que involucra a Lázaro Báez como su socio y tras confirmarse que tenía una carpeta de cliente en la "Rosadita", un vínculo que aún debe investigarse hasta dónde llegaba, la puerta abierta a blanquear enturbia el debate.

Por otro lado los titulares de concesiones de servicios públicos o ganadores de licitaciones para obra pública tampoco tienen prohibido ingresar al blanqueo.