Finalmente, luego de varios días de tensión- que incluso implicaron un altercando entre el  Cónsul de Bolivia, Jorge Tapia Sainz, y la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich- Mauricio Macri firmó el decreto que busca endurecer los controles migratorios en la Argentina.

A través del Boletín Oficial, el Gobierno Nacional formalizó cambios en la Ley de Migraciones (25.871) mediante el decreto 70/2017. De esta manera se acortan- entre otras medidas-  los tiempos para definir la expulsión de un extranjero con antecedentes penales.

El documento firmado apunta a combatir el "crimen organizado internacional". Y destaca: "La necesidad de trabajar incesantemente en el perfeccionamiento del orden normativo migratorio adquiere especial importancia frente a fenómenos actuales como la globalización, la internacionalización del turismo y el crecimiento del crimen organizado internacional". Además en el boletín se subraya que la Argentina, actualmente, vive "una situación crítica que amerita la adopción de medidas urgentes".

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De esta manera se espera acelerar la "duración de los procesos administrativos y judiciales en materia migratoria, los que atentan contra el debido proceso legal y pueden acarrear al Estado Nacional responsabilidad internacional, de conformidad con lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en reiterados fallos".

Por otro lado, en el texto del decreto se establece que  "la población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en el 2016 el 21,35% de la población carcelaria total y en los delitos vinculados a la narcocriminalidad, un 33% de las personas bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal son extranjeros".

Qué cambios implica la modificación de la actual Ley de Migraciones 

- No podrán entrar narcotraficantes al país. Esta normativa rige para aquellos que tengan condenas relacionadas con drogas. El inciso C del artículo 29 de la ley actual impide el ingreso a nuestro país a quienes están en condiciones de "haber sido condenados o estar cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior, o tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres años o más".

- Tampoco podrán entrar al país quienes tengan antecedentes penales- más allá de si posee o no condena-  en el país de origen o antecedentes de haber participado de alguna organización de crimen organizado, como narcotráfico, trata, tráfico de órganos. 

- Los inmigrantes que hayan pagado para ser traídos a la Argentina podrán obtener la residencia si muestran una actitud de colaboración con el Estado para resolver crímenes del narcotráfico.

-No podrán ingresar a nuestro país las personas que presenten documentación falsa u omitan informar sobre sus antecedentes penales.

- Realiza una distinción entre los "delitos comunes" y aquellos vinculados al tráfico de drogas, personas, armas, órganos y tejidos (categoría nueva) lavado, inversiones ilícitas.

- Se modificó ante la deportación el período de expulsión. Si antes era por cinco años. Con la nueva norma se extiende a ocho años por delitos dolosos y  se mantiene en 5 años por delitos culposos.

- El decreto permite dar de baja la residencia en determinados casos como fraude en la documentación y condenas (estén o no firmes) por los delitos arriba mencionados.

- Por otro lado, se cancela la residencia permanente "a quien hubiese permanecido fuera del territorio nacional por un período superior a dos años o la mitad del plazo acordado, si se trata de residencia temporaria, excepto que la ausencia obedezca al ejercicio de una función pública argentina o se haya generado en razón de actividades, estudios o investigaciones que pudiesen ser de interés" .

- En todos los casos, aquellas personas que no cuenten con los medios y se vean afectadas por la modificación de la Ley de Migraciones- contarán con la asistencia de un letrado gratuito.