A través de una declaración denominada "Soberanía versus neoliberalismo" , el área de Economía y Tecnología de Flacso Argentina y el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra) de la CTA se manifestó a favor de la postura tomada por la Argentina frente al fallo del poder judicial norteamericano.
Los economistas aseguran que “se trata de resguardar lo avanzado en la renegociación y quita de la deuda externa de 2005 y 2010, así como el pago al FMI, que permitieron –junto a la expropiación de la mayoría accionaria de YPF– reafirmar la soberanía nacional y generar las condiciones para tender a mejorar el nivel de vida de los sectores populares en un estado constitucional de derecho”.
“El neoliberalismo como etapa específica de la dominación y acumulación capitalista introdujo nuevas formas de subordinar a los estados nacionales a la lógica de la expansión insaciable del capital financiero”, explica el documento.
Asimismo relatan que “décadas atrás el condicionamiento inicial fue el propio endeudamiento externo no sólo por el pago de intereses notablemente elevados, sino porque fue clave para concretar una fuga de capitales inédita que lideraron tanto ellos como sus socios nacionales (los grupos económicos locales).”
“Posteriormente, los denominados ‘golpes de mercado’ –de los cuales las crisis hiperinflacionarias de 1989/1990 constituyen una fiel expresión– estuvieron destinados a apropiarse de las empresas públicas y con ellas garantizar el pago de la deuda externa pública y privada”.
“Más recientemente, los juicios entablados por las firmas transnacionales –especialmente las de servicios públicos privatizados– ante el Ciadi, organismo dependiente del Banco Mundial, fueron posibles por la firma en la década de 1990 de los Tratados Bilaterales de Promoción y Protección de Inversiones Extranjeras (TBI), que en la actualidad deberían ser denunciados”, detallan.
Hoy en día “el condicionamiento proviene ya no del Banco Mundial sino, nada menos, del sistema judicial norteamericano, supuestamente ‘técnico y neutral’, que no sólo convalida una extorsión a un país soberano que busca compatibilizar la reestructuración de su deuda externa con el desarrollo económico, sino que internacionaliza las propias pugnas de poder dentro del imperio.”
La declaración concluye afirmando que “no se trata de adoptar posiciones intransigentes, inviables dadas las actuales relaciones de fuerza, que le significarían una pesada carga a la sociedad argentina”, sino que “se trata de avanzar en la negociación  dentro de los límites que impone la necesidad de preservar los intereses de la mayoría de la población no agregando nuevos condicionamientos a la soberanía nacional.”

A través de una declaración denominada "Soberanía versus neoliberalismo" , el área de Economía y Tecnología de Flacso Argentina y el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra) de la CTA se manifestan a favor de la postura tomada por la Argentina frente al fallo del poder judicial norteamericano.

Los economistas aseguran que “se trata de resguardar lo avanzado en la renegociación y quita de la deuda externa de 2005 y 2010, así como el pago al FMI, que permitieron –junto a la expropiación de la mayoría accionaria de YPF– reafirmar la soberanía nacional y generar las condiciones para tender a mejorar el nivel de vida de los sectores populares en un estado constitucional de derecho”.

“El neoliberalismo como etapa específica de la dominación y acumulación capitalista introdujo nuevas formas de subordinar a los estados nacionales a la lógica de la expansión insaciable del capital financiero”, explica el documento.

Asimismo relatan que “décadas atrás el condicionamiento inicial fue el propio endeudamiento externo no sólo por el pago de intereses notablemente elevados, sino porque fue clave para concretar una fuga de capitales inédita que lideraron tanto ellos como sus socios nacionales (los grupos económicos locales).”

“Posteriormente, los denominados ‘golpes de mercado’ –de los cuales las crisis hiperinflacionarias de 1989/1990 constituyen una fiel expresión– estuvieron destinados a apropiarse de las empresas públicas y con ellas garantizar el pago de la deuda externa pública y privada”.

“Más recientemente, los juicios entablados por las firmas transnacionales –especialmente las de servicios públicos privatizados– ante el Ciadi, organismo dependiente del Banco Mundial, fueron posibles por la firma en la década de 1990 de los Tratados Bilaterales de Promoción y Protección de Inversiones Extranjeras (TBI), que en la actualidad deberían ser denunciados”, detallan.

Hoy en día “el condicionamiento proviene ya no del Banco Mundial sino, nada menos, del sistema judicial norteamericano, supuestamente ‘técnico y neutral’, que no sólo convalida una extorsión a un país soberano que busca compatibilizar la reestructuración de su deuda externa con el desarrollo económico, sino que internacionaliza las propias pugnas de poder dentro del imperio.”

La declaración concluye afirmando que “no se trata de adoptar posiciones intransigentes, inviables dadas las actuales relaciones de fuerza, que le significarían una pesada carga a la sociedad argentina”, sino que “se trata de avanzar en la negociación  dentro de los límites que impone la necesidad de preservar los intereses de la mayoría de la población no agregando nuevos condicionamientos a la soberanía nacional.”