A partir de una denuncia realizada semanas atrás por diputados del Frente para la Victoria, el fiscal federal Jorge Di Lello había pedido la apertura de una causa penal para investigar al juez Claudio Bonadio y al actual titular del Banco Central, Federico Sturzenegger , por presunta "administración infiel en perjuicio de la administración pública y en favor de particulares", "prevaricato" y "abuso de autoridad", entre otros delitos.

Ahora, los diputados Héctor Recalde, Diana Conti, Carlos Moreno, Juliana Di Tullio, Carlos Kunkel, Teresa García y Rodolfo Tailhade ampliaron esa denuncia  formulada ante el juez Sergio Torres, reclamando en primer lugar que se ordene al Banco Central suspender el pago de los contratos de dólar a futuro.

En la presentación realizada este viernes, los legisladores del FpV reclaman también que "se disponga el embargo de bienes respecto de todas aquellas personas que se beneficiaron con el cobro ilegítimo de tales contratos después que el actual gobierno dispusiera una devaluación de la moneda nacional de casi un 50 por ciento", según informan los denunciantes mediante un comunicado.

Los legisladores pusieron de manifiesto "la gravedad institucional que significa que los mismos funcionarios del gobierno, ya sea desde el Banco Central, como su director Pablo Curat, o bien desde la Jefatura de Gabinete, como Mario Quintana, que dictaron las resoluciones para liberar el mercado de cambio y negociaron el precio del pago final de estos contratos sean las mismas personas que aparecen, según se ha publicado y no desmentido, comprando cifras millonarias en dólares por esta operatoria".

Además piden que se investigue "el blindaje judicial y mediático que el gobierno de Macri ha obtenido a partir de la actuación delictiva del juez Claudio Bonadío, quien autorizó el pago de estos contratos y desvió la investigación a su cargo, evitando citar y pedir explicaciones a los compradores de dólar a futuro que obtuvieron ilícitamente beneficios millonarios, entre los que también se encuentran amigos personales del ingeniero Mauricio Macri".

Entre los involucrados se menciona al empresario Nicolás Caputo, funcionarios de gobierno como Gustavo Sebastián Lopetegui y José María Torello, y empresas de medios de comunicación o vinculadas a éstas como el diario La Nación y Cablevisión SA.

Finalmente, plantean que la investigación penal promovida por el fiscal Di Lello "se extienda a la conducta desarrollada por los jueces de la Sala II de la Cámara Federal Eduardo Farah, Martín Irurzun y Horacio Cattani quienes, a través de una resolución que se califica de prevaricato, decidieron mantener al Juez Bonadío, pese a encontrarse penalmente denunciado, al frente de la investigación sobre dólar futuro, profundizando así la maniobra de encubrimiento y manipulación de la justicia denunciada".